Informe Económico Semanal del Banco Ciudad
Los salarios continúan con su pelea cuerpo a cuerpo contra la inflación. Según el INDEC, las remuneraciones aumentaron en promedio un 2,3% mensual en julio (25% anual), aunque en paralelo el IPC Congreso también aceleró su crecimiento, con una suba del 2,6% mensual (24,9% i.a.). De esta manera, el poder de compra de los salarios habría disminuido ligeramente en promedio con respecto a junio y prácticamente no habría variado con relación a un año atrás, pese a las subas acordadas en las paritarias 2013. Más aún, si eso se le descuenta lo tributado en concepto de impuesto a las ganancias, los ingresos de bolsillo de una importante porción de los trabajadores registrados serían incluso menores a los de un año atrás en términos reales (ajustados por inflación).En este contexto, y ante un resultado adverso en las PASO, fue que se decretó la suba del mínimo no imponible y de las deducciones del impuesto a las ganancias, una medida técnicamente discutible, orientada a maximizar sus réditos políticos (ampliando la cantidad de personas que dejan de pagar ganancias), pero que descuida las inequidades y distorsiones que se generaron para aquellos que continúan pagando el impuesto (como el establecimiento de un mismo tope para solteros y casados, ruidos para trabajadores con ingresos cercanos al mínimo no imponible, o la ausencia de cambios para los trabajadores de mayores ingresos).
Paralelamente, esta semana se avanzó en la creación de los nuevos impuestos que ayudarían a compensar parte de la pérdida de recaudación derivada del decreto presidencial, en un trámite exprés que opacó la discusión pública y parlamentaria acerca de reapertura del canje de deuda. Con cambios menores, el proyecto para gravar la compraventa de acciones no cotizantes en Bolsa y la distribución de dividendos recibió media sanción en la Cámara de
Diputados y pasó al Senado, mientras que la oposición está trabajando en un proyecto de ajuste automático del mínimo no imponible, el cual de todos modos no prosperaría, al no contar con el apoyo de la mayoría oficialista.
Fuera de agenda sigue quedando la posibilidad de aumentar la eficiencia del gasto público, mejorando la administración del Estado, buscándose como contrapartida una mayor presión impositiva. En el caso del cobro de una alícuota del 10% a la distribución de dividendos, se estaría tributando dos veces por el mismo concepto, ya que las empresas ya realizaron los aportes correspondientes al impuesto a las ganancias, con una alícuota del 35%. Este nuevo costo empeora la posición relativa del país como destino de inversiones, ya que el pago del impuesto a las ganancias es un factor no menor a la hora de evaluar un proyecto de inversión.
Por otro lado, estos cambios tienen lugar en momentos en que el resultado fiscal sigue en franco declive y en que la recaudación se desacelera. En junio, de no ser por los recursos extraordinarios aportados por el BCRA y el FGS de ANSES ($8.295 millones), el agónico superávit primario observado se habría transformado en un déficit de $8.138 millones, y el déficit financiero hubiera trepado a $12.673 millones. Por su parte, la recaudación tributaria desaceleró notoriamente su crecimiento en agosto (25,5%), manteniéndose prácticamente estancada en términos reales, anticipando una desaceleración de la actividad agregada en el tercer trimestre (algo previsible, tras los factores puntuales que apuntalaron el crecimiento del segundo trimestre).
Finalmente, con salarios reales estancados, los datos conocidos esta semana señalan un avance del consumo masivo basado en las mayores ventas de bienes durables y autos importados, en un contexto de sostenimiento del crédito y aceleración de la pauta devaluatoria, que potencia un adelantamiento de consumos. Asimismo, fruto de la caída del costo de la construcción en dólares, dicha actividad no sólo sigue recuperándose por la obra pública pre-electoral, sino también por los recursos allí volcados por las familias y empresas que encuentran una oportunidad de invertir en un activo dolarizado dentro del “corralito de pesos”. En contraposición, el mercado inmobiliario no encuentra un piso (las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires cayeron un 45% anual en junio), repitiendo el comportamiento de anteriores episodios de volatilidad cambiaria.
