Informe Económico Semanal del Banco Ciudad
El gobierno sigue corriendo de atrás eventos económicos y políticos adversos, en buena medida auto-infligidos.Tras el duro revés judicial de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, se envió al Congreso esta semana un proyecto de ley para reabrir el canje de deuda, a la vez que se ofrecerá a los tenedores de bonos argentinos regidos por legislación extranjera la posibilidad de cambiarlos por títulos bajo legislación local. Con esto, el gobierno intenta, por un lado, mostrar voluntad de pago y estirar la instancia de negociación con los holdouts, y por otro, reducir la magnitud de un eventual default técnico que podría ser gatillado por la negativa de la Corte Suprema norteamericana a tratar la apelación argentina.
Aunque tardía, la reapertura del canje y la suspensión de la “Ley Cerrojo” constituyen un hecho positivo, debido a que la vigencia de esta ley fue una de las principales razones que la justicia norteamericana esgrimió respecto de una falta de voluntad de pago argentina y que los fondos litigantes no estaban recibiendo un tratamiento igualitario respecto a los bonistas que ingresaron en anteriores canjes.
Por su parte, la propuesta de cambiar los bonos con legislación NY por local no está exenta de riesgos. Esta oferta podría llevar a la justicia norteamericana a rever su decisión de mantener en suspenso la aplicación de la sentencia, acelerando los tiempos de un eventual default técnico. A ello se suman las complicaciones para lograr una aceptación del 100% de los tenedores de títulos que entraron a los anteriores canjes, dado que muchos fondos de inversión están inhabilitados estatutariamente a tener en activos con legislación argentina, a la vez que existe la posibilidad de que participar del cambio de jurisdicción sea interpretado
como un desacato a la justicia norteamericana.
¿Cuáles son los escenarios futuros posibles? Resulta difícil anticipar como concluirá esta historia. Creemos, sí, que el nivel de aceptación del canje por parte de los holdouts será acotado, y que si la Corte Suprema no acepta tratar la apelación presentada por la Argentina se volverá inevitable entrar en una situación de default técnico.
Por el momento, la estrategia del gobierno apunta a minimizar el volumen de deuda que podría entrar en default técnico y, en caso que la Corte tome el caso, ganar tiempo hasta que deje de tener vigencia la denominada “clausula de inversor más favorecido”, la cual establece que no se pueden ofrecer términos más favorables que a quienes ingresaron a los anteriores canjes. Si la Corte acepta la apelación argentina, la sentencia final podría estirarse hasta 2015, cuando la clausula de inversor más favorecido deja de tener efecto y Argentina podría acordar con los holdouts sin exponerse a demandas de los demás bonistas.
En este contexto por demás incierto, no sorprendió que el tipo de cambio informal y el implícito en los títulos públicos (“contado con liqui”) registrara un nuevo salto. El dólar “blue” experimentó un incremento de casi 4%, llegando a $/USD 9,4, mientras que el “contado con liqui” se acercó a los $/USD 9.
Por otro lado, tras el revés sufrido en las elecciones, el gobierno dispuso por decreto modificaciones en el impuesto a las Ganancias y las asignaciones familiares. Los cambios reflejan un parcial reconocimiento de la inflación (luego que casi un tercio de los trabajadores formales llegaran a pagar el impuesto), e intentan reactivar el consumo de cara a octubre. Asimismo, se avanza sobre una de las banderas levantadas por la oposición, aunque se sigue dejando abierto el camino para presentar proyectos de ley que planteen una actualización automática de las deducciones y escalas.
La modificación en ganancias tiene un costo fiscal de $4.495 millones en 2013, que será parcialmente compensado con la puesta en marcha de dos nuevos impuestos ($2.056 millones). Ahora bien, parte de la pérdida de recaudación será compartida con las provincias vía coparticipación impositiva, a la vez que, en la medida que no se racionalice el gasto (limitando erogaciones superfluas que no tienen un impacto directo sobre la población), todo indica que el anuncio será financiado con más emisión de pesos, con su consiguiente impacto inflacionario, de manera que la medida tendría un tinte regresivo, al beneficiar al segmento de trabajadores de mayores ingresos y perjudicar (vía una suba del impuesto inflacionario) a los trabajadores informales, de menores recursos.
