por Marta Santos
Hay una modalidad imperante en el Concejo Deliberante de Lanús en este año electoral: la de retener sin tratamiento o enviar a comisiones, sin argumentación que lo acredite, los expedientes cuya votación sea complicada para el oficialismo. Seamos claros: el FV obtiene la mayoría necesaria de votos en las sesiones y así logran la aprobación de los expedientes, sumando a algunos concejales de otros bloques que les son absolutamente fieles desde que asumieron, no obstante haber logrado su puesto por partidos que se definían como absolutamente opositores en las campañas electorales.También señalemos que la modalidad de “atrasar” el tratamiento de algún expediente en las comisiones, no es una nueva práctica en el HCD: se ha hecho en otras administraciones. A veces, con el transcurso del tiempo, los acontecimientos han llevado a que algún reclamo del vecino se solucione y entonces, sin objeciones, se envían a archivo. O sea: permiten que el tiempo supere el problema. Por eso vemos que al comenzar cada año las sesiones ordinarias son enviados a archivo decenas de expedientes, algunos con tres o cinco años de antigüedad: estuvieron “durmiendo” en comisión. Si deseamos tener un ejemplo me remito al tratamiento del expediente que pide la resolución del problema causado por la empresa Covelia en el predio en que lava el lixiviado de los camiones recolectores de residuos domiciliarios. Según algunos concejales, el destino de este caso es solamente la clausura del predio, que no tiene habilitación municipal: no habría otro camino que tomar. Pero los concejales integrantes de la comisión de Salud y Medio Ambiente, con mayoría oficialista, no quieren tratarlo, según declaraciones de su presidente, el doctor Carlos Torlaschi. Tampoco
se pide el tratamiento sobre tablas, lo que podría ser efectuado por alguno de los opositores integrantes de esa comisión .¿Quiénes se harían responsables de tal medida, al tiempo que deben renovarse los contratos por barrido de calles y recolección de residuos y -coincidentemente- en año electoral?
Por otro lado, los expedientes que refieren a la autorización que solicita el departamento ejecutivo para la concreción de estas dos licitaciones mencionadas parecen correr igual suerte. Tratados y aprobados en las comisiones de Hacienda -los contratos comprometen fondos- y la de Obras y Servicios Públicos -el barrido y la recolección son servicios- deberían haber sido sometidos al veredicto de los ediles en la sesión del 5 de julio, pero los rumores de que “no estaban las manos” para su aprobación hicieron que fueran girados a la comisión de Gobierno. Esto fue por pedido que el edil Jorge Montero hiciera al presidente Héctor Bonfiglio en una nota en la que -según ha trascendido- no habría motivo o causa probable que fundamentara ese pedido. Consultado Carlos Folino, indicó que “la Comisión de Gobierno trata todo expediente que no se sabe dónde debe ser girado o que presenta alguna duda, pero éste no es el caso: las comisiones que intervinieron son las correctas y ya emitieron dictamen”. También aclaró que la comisión de Hacienda lo aprobó sin que los expedientes tuvieran un solo dato de los montos a comprometer y Servicios Públicos hizo lo mismo sin que hubiese información de las condiciones de los servicios a prestar. “Esto es muy grave”, señaló el edil radical. Para que se entienda: los expedientes fueron girados a Gobierno y, según varios legisladores de la oposición, “es para hacer tiempo porque deben juntar los votos de concejales que siempre les aprobaron todo y que si ahora hacen lo mismo, antes de las primarias, quedarían comprometidos para las elecciones”. Este concepto fue reafirmado por Stella Maris García en mi programa radial. Aunque algunos no quieren hacer nombres en público, todos ellos apuntan en voz baja a Gabriel Di Masi, Martín Sosa, Carlos Barbagallo, Griselda Regueira y Cristian Bosio. Salvo Bosio los demás vencen mandato y los tres primeros aspiran a renovar este año. Cabe señalar que Jorge Schiavone y Oscar López, únicos opositores en esas comisiones, no dieron su aprobación pero tampoco elaboraron despachos en minoría.
Otras de las metodologías implementadas para evitar una votación problemática es la de la ausencia de alguno de estos ediles a la sesión o mocionar “que vuelva a comisión”. De esta forma un expediente que ya obtuvo dictamen pero que no quiere ser votado en el recinto se demoraría en las comisiones con la misma finalidad. Eso es lo que sucedió con el convenio que autoriza el pago de $52.000 a la Universidad de General Sarmiento por la capacitación de funcionarios que llevan adelante el programa de presupuesto participativo. Si bien en mi nota anterior un error de redacción (usé el plural en lugar del singular) pudo dar lugar a confusiones, debo aclarar que este expediente no fue aprobado y girado al Ejecutivo: fue aprobada su vuelta a comisión, ya que “los votos no estaban”, según declaraciones. Se produjo porque Folino indicó que “este expediente no se puede aprobar”, dio sus razones y la votación aparecía complicada. Frente a la posibilidad del rechazo -lo que significaría su envío a archivo- Bosio pidió el pase a comisión y logró que el expediente quedase en el limbo de los que deben ser tratados nuevamente. Un detalle: en la defensa del expediente, Luciana Agustavicius expresó que había que aprobarlo “por una capacitación que ya se hizo” y que el proyecto se estaba implementando desde el año pasado. Este reconocimiento implica que hay un convenio que está siendo ejecutado sin autorización del HCD, lo que constituiría la falta conocida como incumplimiento de los deberes de funcionario público. “Eso si no se pagó, si ya se pagó es más grave”, dijo Folino al ser consultado.
Lo cierto es que algunos no deciden cómo levantar la mano porque quedarían en evidencia. Colaboradores con el partido oficial, ahora están comprometidos por las próximas elecciones. Todo se sabe: llegó el momento.
