por Lisandro Martinez*
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El transporte ferroviario es muy utilizado por los trabajadores del conurbano; la seguridad, el buen funcionamiento y la comodidad preocupa a miles. En 2011 según las estadísticas viajaron en la Región Metropolitana de Buenos Aires 340 millones de usuarios con pasajes, un gran porcentaje en el Roca (Documentos de Políticas Públicas - Área de Desarrollo Económico – Programa de integración Global y Desarrollo Productivo- CIPPEC Mayo 2012).
El buen funcionamiento del transporte tiene tal importancia estratégica que involucra desde la seguridad pública hasta el desarrollo productivo del país. El problema del funcionamiento y mejoramiento del transporte ferroviario y su resolución debería ser un problema de Estado por todo lo que involucra pero los políticos capitalistas, en los Concejos Deliberantes y en el Parlamento, han decidido desde hace varias décadas ignorar el problema o ir a una política de vaciamiento del servicio cuando no de malversación y caja propia. El fracaso del régimen político se cuenta en los accidentes diarios que se producen y que involucran el riesgo físico, la incapacidad permanente e incluso la muerte de quienes concurren al trabajo y cuya expresión más brutal fue la Estación Once. Todos estos problemas no fueron expuestos por los políticos profesionales sino por los ferroviarios de planta desde hace décadas y en forma más precisa por la lucha de los tercerizados desde el 2002.
Por sus denuncias en el programa “El Juego Limpio” de Nelson Castro, UGOFE acaba de amenazar con acciones penales y civiles a Jorge Hospital, miembro de la Agrupación Mariano Ferreyra (Lista Gris). Hospital denunció:
1. La continuidad del negocio ferroviario en manos de los socios de Taselli y Cirigliano, los grupos Roggio y Romero a cargo de UGOFE y UGOMS. Estos, mediante el servicio de pasajeros de los trenes del Conurbano, son dueños de las principales empresas subsidiarias con mano de obra tercerizada que el Estado contrata para las obras ferroviarias. La reparación de coches y locomotoras está en manos de EMFER propiedad del grupo Cirigliano, de allí salió “reparado” el tren del accidente de Castelar. Luego están EMEPA del
grupo Romero y MATERFER de Taselli, ex operador del Roca, el San Martín y el Belgrano Sur.
2. La obsolescencia del material rodante y la falta de mantenimiento evidente de las formaciones.
3. La vuelta de la tercerización y que los precarizados ferroviarios comenzaron a organizarse en una coordinadora que reclama su pase a planta permanente ante el Ministerio de Trabajo.
4. La continuidad del pedracismo en los sindicatos ferroviarios con la connivencia del Ministerio de Trabajo y pidió cárcel para los responsables políticos y empresariales de las masacres de Once y Castelar, algunos de los cuales están procesados pero en libertad.
La criminalización de los trabajadores que denuncian a funcionarios, empresarios y burócratas (la trilogía siniestra) que operan los ferrocarriles es una política de larga data. La intimación contra Hospital forma parte de una persecución laboral y gremial que lleva una década e incluye suspensiones bajo fuero gremial en el 2003, despido y reincorporación en el 2004, dos procesos penales donde fue absuelto (uno impulsado por Taselli en 2005 y otro por el ex secretario de Transporte Schiavi en 2010), una suspensión de 29 días por falsa causa en 2012 que tramita en la Justicia y este nuevo intento de procesarlo y ponerlo al borde del despido. Es el modo en que los empresarios desguazadores y vaciadores del ferrocarril y los funcionarios cómplices responden las denuncias de inseguridad que sufren cientos de miles de usuarios y los desfalcos al patrimonio público con los cuales se han enriquecido los miembros del “capitalismo de amigos”.
La persecución al activismo también llevó, tras una infamia del hoy procesado Cirigliano, a la detención del delegado Rubén Sobrero del Ferrocarril Sarmiento, acusado de la quema de trenes en Haedo. Además hubo acusaciones contra miembros del Partido Obrero por parte de un especialista en la provocación, Aníbal Fernández. El PO promovió y ganó una demanda por calumnias e injurias contra el ex ministro del Interior, quien intentó sin éxito eludir a la Justicia.
Pero si de juicios hablamos, la falta de imputación por parte de fiscales de Estado a empresarios y funcionarios políticos en la causa Mariano Ferreyra y la libertad inexplicable de los responsables de la masacre de Once son muestras de la impunidad que ampara a los protagonistas del colapso ferroviario. Cuando el juicio oral por la masacre de Once se encuentra muy próximo, el juez Bonadío dio curso a la recusación del fiscal federal Federico Delgado, principal impulsor para avanzar contra funcionarios y empresarios por esa masacre. La recusación del fiscal fue planteada por uno de los investigados, Mario Chicote, ex gerente de TBA, quien ahora integra la UGOMS en representación del grupo Roggio. Bonadío anuló la investigación preliminar sobre Chicote y resolvió apartar a Delgado. El trámite del juicio recaerá en el fiscal Ramiro González, el mismo que recibió al inicio las denuncias que salpicaban al empresario Lázaro Báez y omitió imputarlo. Es decir, la resolución del juez configura un gravísimo paso hacia la impunidad. Durante la investigación, el fiscal Delgado incluso acusó al juez de ocultarle la causa y hasta ameritó la intervención de la Cámara Federal.
Pedraza y su patota presos son el resultado de una lucha denodada por justicia, impulsada por los compañeros de Mariano Ferreyra que ganó la simpatía de todo el país y provocó una movilización general. El fallo y el pase a planta permanente de más de tres mil ferroviarios tercerizados fueron un golpe tremendo para la tercera pata de la trilogía siniestra: la burocracia sindical.
El futuro de nuestros ferrocarriles dependerá más de dotar de un programa a la movilización popular y del éxito de los trabajadores ferroviarios por expulsar a la conducción pedracista amparada por el Estado y no de los falaces anuncios oficiales.
Llamamos a pronunciarse por la solidaridad con Jorge Hospital concurriendo al Hall de la Estación Constitución este miércoles 3 de julio a las 17 horas y sumar voces y voluntades para reestatizar los ferrocarriles bajo control de los trabajadores.
(*) Candidato a concejal Frente de Izquierda de Lanús