por Lisandro Martinez*
lisandromartinez47@yahoo.com.arEl 29/5/2013 la Comisión de Vecinos por Memoria, Verdad y Justicia en Campomar convocó a representantes de otras organizaciones de DDHH: Julio Venancio (Hijos La Plata), Marcelo Parrilli (presidente del Colegio de Abogados de CABA) y Carlos Lordkipanidse (Asociación Detenidos Desaparecidos), quienes participaron de una mesa de exposición y debate en la Legislatura de CABA, titulada “Centros Clandestinos de Ayer y de Hoy”.
De las exposiciones quedó registrada la inmensa capacidad de maniobras que fue gestando el Poder Judicial Argentino para, pasados 40 años, mantener intacto al aparato represivo y a salvo de cualquier molestia. Tanta eficiencia hace empalidecer incluso a la organización nazi internacional Odessa.
En la Argentina el amplio paraguas judicial y legislativo protegió al 99% de los responsables políticos y financieros de la carnicería, que comenzó con la AAA el 20/6/73 con la masacre de Ezeiza y siguió hasta 1983 con el mismo esquema judicial adaptado a la lucha contra la “guerrilla industrial” setentista y que luego juró por el proceso.
El Poder Judicial todavía contiene en funciones a jueces y fiscales de la sangrienta maquinaria del genocidio. Los ejemplos de “hacer que se hace” o como lo elaboró la Organización Hijos (La Plata) “la justicia a cuentagotas”, son un muestrario de la perversión y el cuidadoso montaje capitalista para resguardar a todo el colectivo de represores, financistas, empresarios, políticos y buchones.
Los datos del Ministerio Público Fiscal, señalando que hay 1013 represores procesados y 422 sentenciados, registrando una y otra vez a quienes han sido condenados o sentenciados más de una vez, están pensados para que si no hay en verdad y justicia por lo menos exista la
sensación.
Ni que hablar de los fenomenales atrasos de los procesos, por ejemplo recién en 2012 (39 años después de iniciado el último período de terrorismo de Estado) hay 1013 procesados, 422 represores condenados y más 320 asesinos muertos impunes. Esta cifra muestra la parsimonia, la desidia que el Estado les ha brindado a sus muchachos en retribución a la tarea sucia.
Más brutal es aún la cifra cuando se comparan los represores (1735 condenados procesados y muertos) con “los 80.000 represores implicados entre el ’76 y el ’83, declaraciones del ex Jefe del Comando Segundo Cuerpo del Ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone” (Libro “La Justicia a Cuentagotas” Hijos La Plata).
La pesadez de la justicia no tiene parangón; pasaron 28 años (desde 1973) para que en la causa del asesino serial “Simón, Julio Héctor” se declarara la inconstitucionalidad definitiva de las leyes de amnistía (año 2001). Luego pasados 30 años de los hechos, el Congreso de la Nación declaró la nulidad de las leyes de amnistía (año 2003).
Recién en 2005 y en la misma causa se declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
33 años después, el 18/9/2006, desaparece Julio López.
¿Por qué? Porque hacer desaparecer en la Argentina no tiene pena si es por mandato de las grandes empresas y los intereses creados. Ese aviso escarmentador “Aquí estamos todavía y somos capaces de todo porque tenemos la impunidad de nuestro lado” se refuerza a través del “control social”, con la policía del gatillo fácil (3.800 fusilados desde 1983) y la emblemática desaparición de Luciano Arruga, el 31/1/2009, a 36 años del genocidio mayor.
Una persona del público preguntó si la mesa de debate que se desarrollaba en la Legislatura no era un poco nostálgica y sin presente. López Rega y Videla no nacieron de un repollo como tampoco los 80.000 asesinos organizados con todos los medios del Estado. Si el móvil del asesinato de Ferreyra fueron los negocios sucios del capitalismo K ¿por qué razón vamos a entender que las desapariciones y los asesinatos para escarmiento social son cosas del pasado?
En 1954 por las variables económicas y el apriete de los capitalistas Perón convocó al Congreso de la Productividad; el mismo estaba destinado a cambiar las modalidades de producción, desorganizar al movimiento obrero y súper explotarlo. En un documento los empresarios de CGE se quejaban “las Comisiones internas muestran reiteradamente no comprender las precondiciones para una eficiente gestión de las empresas y se constituyen en el principal obstáculo que traba la producción (“Perón y los trabajadores” Louise Doyón).
En el Congreso de la Producción, el Presidente de la CGE José Ber Gelbar –afiliado al PCA- fue directo: “No es aceptable que el delegado toque su silbato y paralice la fábrica” (Racionalización y respuesta de la clase obrera” Revista Hechos e Ideas, Daniel James).
Perón no pudo y cayó, la Revolución fusiladora, el gobierno de Frondizi, las dictaduras de Onganía, Levinstong y Lanuse fueron derrotados mediante huelgas. La vuelta de Perón fue para desarmar el ascenso obrero, murió en el intento.
El intríngulis planteado para los explotadores en su régimen social -al que viste según las circunstancias de democracia o dictadura-, es incrementar la explotación del trabajo y acabar con la “indisciplina” y con toda la legislación laboral. Esa fue la bandera que enarboló una vez más la dictadura setentista y fue a fondo con método de guerra civil contra los trabajadores; como en Kosovo, se secuestró, se torturó, se violó mujeres, se robaron niños, todo por imponer un régimen carcelario dentro de las fábricas que permitiera el paso de la tercerización y el trabajo precario. A pesar de eso la república de los explotadores quebró en 2001.
El régimen social defiende “su derecho” de explotar el trabajo ajeno a sangre y fuego en la lucha por la plusvalía y una de las formas histórica de acumulación capitalista es privatizar las tierras públicas. Por eso en Lanús ha mantenido el secreto de Estado de las 15 manzanas de Campomar, que pasaron de una a otra mano en 40 años, con testaferros y financieras, con el PJ a través de su intendente, luego utilizado por la milicada como CCD y entre 2000 y 2001 por la Alianza, Machinea, López Murphy y Carlos Manuel Bastos (un menemista devenido en funcionario de la Alianza), liquidador de Segba y Gas del Estado, privatizador de las Rutas Nacionales; todos manipularon el latrocinio de Campomar que ahora Darío, CFK y Electroingenieria ponen a la venta.
La lucha continúa, poder entender de qué se trata es un gigantesco paso adelante.
(*) Miembro del PO