por Lisandro Martinez*
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Infinidad de veces, ante crímenes como el de Erika Soriano, Candela Pastor o el recientemente cometido sobre Ángeles Rawson, salta a la vista la connivencia judicial y policial para desviar investigaciones y llevarlas a vía muerta. Son crímenes donde el poder político está omnipresente porque tiene todos los medios para operar sobre las familias y sus miserias, si las hubiera; así se ordena la intervención del Poder Judicial, o se aparta a un juez o un fiscal y lo sucede otro más dócil. El poder político hace aparecer “periodistas” que vomitan “carne podrida”, que se pasean por C5N u otros medios contrarios a la salubridad pública, que reciben orden de “sacar conclusiones” en cámara y llevar al televidente a ver las cosas al revés de como son. También en esos medios transita una fauna de rentados y “servicios” como Lockles, abogados “sacapresos” como Pierri, quien antes de aceptar la representación legal del portero Jorge Mangieri dejó establecido su apoyo a “la maldita policía”, señalando que nunca va aceptar la versión de que sean policías los que apretaron a Mangeri, porque eso no sucede en la institución policial. ¡Cómo si eso no fuera moneda corriente en la República Argentina!! Le proponemos al “sacapresos” ver el documental de Enrique Piñeyro, “El Rati Horror Show”.
Todo el armado fue para tapar en esas primeras horas la masacre de Castelar, donde criminales reincidentes que concesionan trenes cogobiernan con el funcionariado público. ¿Si no por qué razón el secretario de Seguridad Sergio Berni apeló, como en el caso de Mariano Ferreyra lo hicieran Néstor y Cristina, a un “testigo de identidad reservada”? ¿Para qué se hizo y se hace esto? Únicamente para embarrar la cancha, desviar la investigación y que la impunidad gane el centro del escenario.
El show montado no se privó de nada: la fiscalía colocó pantallas y gazebos para hacer
ingresar al testigo encapuchado traído por la secretaria de Seguridad María Cristina Caamaño, quien actuó bajo órdenes de Berni. Mientras, el portero imputado iba y venía a cara descubierta frente a las cámaras.
La idea central en estos montajes dispersivos (Candela, Érica, Ángeles) es no preservar el escenario del crimen. En el caso de Candela, el principal pisoteador fue Scioli. En el asesinato de Ángeles no cuidaron los lugares donde podría haber sido el ataque: el sótano, el departamento de Ángeles, la vivienda del portero, el hall o las escaleras del edificio.
La institución policial que debería investigar está incapacitada por su génesis que le impide superar a la clase social a la que sirve, de modo que está obligada a reproducir, con mayor brutalidad las limitaciones, cobardía y vocación antinacional de la clase social que gobierna y dispone.
En este escenario la policía desconoce el móvil del asesinato de Ángeles, esto es lógico de un cuerpo que resuelve delitos y crímenes mediante dos instrumentos bárbaros, uno “los buchones” y otro “los apremios ilegales”.
El staff investigativo está muy por detrás del “continuista o script” (así se denomina al profesional de la industria cinematográfica que supervisa la continuidad visual y argumental, de modo tal que la historia no tenga ningún salto narrativo). Esto ¿cómo se enlaza con el seguimiento de una causa aberrante como la que se investiga? Por lógica sólo siguiendo el hilo de los acontecimientos y lo que reportan los medios, TV, radios, periódicos, en los dichos de los posibles implicados. Los hay de todo tipo y calibre, por ejemplo los de Opatowski, la madre y la abuela: Opatowski dijo el lunes 10: “Ángeles no volvió a casa porque la mochila no estaba en su cuarto”. Pero dicen que estaba y también las llaves y que Ángeles no tenía cuarto propio, sino que dormía en el comedor. Opatowski fue quien el mismo día 10 inventó la pista del secuestro: “hubo una llamada al banco de 10 minutos” dijo.
Un investigador principiante puede sacar conclusiones siguiendo los movimientos de Sergio Berni -¿amigo?- de Sergio Opatowski a quien le reservó alojamiento junto a su mujer el 13/6 en el hotel Howard Johnson de San Pedro y antes lo rescató de la prisión preventiva mediante el “testigo de identidad reservada”.
El papá biológico de Ángeles es ingeniero de Techint y miembro del Centro de Estudios legales sobre el terrorismo y sus víctimas (Celtyv), organización ligada a los genocidas. Franklin Rawson, que no hace declaraciones y cuando las hizo dijo: “Que aparezca el asesino no me dará una solución”, da la sensación de ser otra víctima que debe “comérsela” por algún ajuste de cuentas personal y por eso no levanta la vista del suelo.
Burdamente, en la faz mal llamada “investigativa”, lo único que se pretende es probar a toda costa la culpabilidad del Portero, aunque para ello se fuerce a que un elefante entre en un dedal. El portero tiene todas las simpatías del populacho, en los hogares del pobrerío es un “perseguido”; a esta altura aunque se compruebe científicamente su culpabilidad nadie lo creerá ¿Quién es responsable de la incredulidad pública?
Los aprendices de brujos que se dieron a maniobrar elementos sensibles de un crimen aberrante para tapar sus propios actos crímenes como el de Castelar, son responsables de este fatídico drama y de la impunidad que establecieron para un delito de tal envergadura.
UGOFE que luego de la masacre de Once perdió al Grupo Cirigliano y fue rebautizado UGOMS (Roggio/Romero) para continuar la dilapidación del Sarmiento, ha enviado un telegrama intimidatorio a Jorge Hospital, guarda tren del Roca y miembro de Causa Ferroviaria, quien denunció en “El Juego Limpio” que: 1. El material rodante del Roca es obsoleto. 2. Que el negociado de las tercerizaciones no se ha desmontado. 3. Que la obra pública va a Roggio/Romero y se paga sobrefacturada.
La justicia no ha llamado a Roggio/Romero a que digan porqué: 1. Organizaron desde el Taller de Escalada una patota para reprimir en Barracas el 20/10/2010. 2. Proporcionaron a los asesinos equipo de Handy para comunicarse. 3. Malversaron subsidios por sumas millonarias y quitaron durante años el 50% del salario de los tercerizados. 4. Sobrefacturan las obras públicas. 5. Continúan tercerizando el trabajo contemplado en el Convenio Colectivo de la UF.
Los concesionarios son parte de “la trilogía siniestra” señalada por el Juez Bonadío en la causa Once.
(*) Miembro del PO
