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miércoles, 26 de junio de 2013

La semana en pocas palabras

Informe Económico Semanal del Banco Ciudad

Los diversos controles instrumentados por el gobierno nacional para atacar la inflación (uno de los principales problemas de la economía argentina) comienzan a exhibir sus limitaciones.
Los controles de precios, que se mostraron medianamente exitosos para contener la inflación hasta fines de mayo, debieron ser abandonados, cuando ya se habían tornado insostenibles, ante la masiva presencia de faltantes, y diversas estrategias de las grandes compañías alimenticias para saltar el cerco de los acuerdos y aumentar sus precios, a través de cambios en las presentaciones. En este sentido, hace ya tres semanas, el gobierno anunció el abandonó del congelamiento de 9.500 precios vigente desde febrero, reemplazándolo por un nuevo acuerdo más acotado, sobre una lista de sólo 500 productos, que dio lugar a una nueva llamarada inflacionaria.
En particular, según el flamante índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), la inflación se ubicó en mayo en el 1,5% mensual, acumulando un aumento de 8,7% en los primeros 5 meses de 2013, lo que equivale a un ritmo de crecimiento anualizado de “sólo” el 22,2%. En la misma línea, y con una diferencia mínima respecto de la medición del Gobierno de la Ciudad, el IPC-Congreso capturó un alza promedio de los precios minoristas del 1,6% mensual (23,4% interanual), mostrando su cuarta desaceleración interanual consecutiva, desde el pico alcanzando en enero (26,3%).
Ahora bien, tras el verdadero “descongelamiento” que siguió al abandono del mega-acuerdo vigente hasta fin de mayo, diversas mediciones privadas registraron fuertes incrementos en
los precios de los alimentos, que impactarán plenamente en las mediciones de inflación de junio, mes para el cual prevemos que podrían volver a acelerarse tanto el IPCBA como el IPC-Congreso. En las últimas tres semanas, los relevamientos de precios online capturaron subas intensas y persistentes para la mayoría de los productos alimenticios, destacándose inicialmente fuertes alzas en las cadenas más pequeñas del interior del país y, posteriormente, en las grandes cadenas con presencia a nivel nacional.
Similar situación se verifica en el mercado de combustibles, en el cual el “congelamiento” dispuesto por la Secretaria de Comercio Interior hace ya un mes, no fijó los precios en los valores en los que se encontraban, sino que determinó topes, correspondientes al precio máximo vigente por zona, para cada producto. La marcada dispersión de precios existente, con diferencias promedio del orden del 10% entre los precios de YPF y las firmas competidoras, derivó inicialmente en un incrementó del 7% por parte de la mayor expendedora nacional, el cual fue acompañado esta semana por nuevos “ajustes técnicos” o “reacomodamientos”, de entre 2% y 3% en las distintas marcas, que llevaron los valores de la nafta súper por encima de los $7 por litro y la Premium cerca de los $9 en distintos puntos de la Capital Federal y el GBA.
En suma, las bondades del congelamiento fueron (como era de esperar) extremadamente precarias. Su conflictiva aplicación llevó a una serie de disparidades entre distintos tipos de comercios y zonas geográficas, a la vez que, una vez abandonado, la suba de precios volvió a acelerarse, compensando la inflación reprimida. Este comportamiento marca los costos de seguir una estrategia extremadamente voluntarista de controles que, medianamente efectivos a corto plazo, se tornan insostenibles al poco tiempo de pactados. Una olla a presión similar se sigue acumulando al insistir con el retraso tarifario y del tipo de cambio oficial como anclas nominales, proceso del cual será más doloroso salir, cuanto más distorsiones se acumulen.