por Marta Santos
Mientras el dirigente Jorge Coassini afirma que se presentó a la justicia para lograr una copia del contrato celebrado entre el municipio y la empresa Covelia -que le fuera negado en el ejecutivo- en el Concejo Deliberante aguarda tratamiento otro de los expedientes que implican a la empresa.
Según Coassini, el empleado que lo atendió le informó que no le daría la copia del contrato porque diversos artículos de una ley de procedimientos administrativos establecería que esa información no debe ser entregada a ningún contribuyente. No importa que los aportes de ese contribuyente sean uno de los que alimentan el erario municipal, de cuyo fondo se cumple con los compromisos contractuales con la empresa que efectúa la recolección de residuos en el distrito. Ambos expedientes pasaron por el HCD: el del contrato por la basura porque compromete fondos del municipio y debe autorizar el llamado a la licitación pública y el otro pide sanciones para la empresa por realizar la limpieza de los camiones en un predio que no tendría ninguna manera de tratar los lixiviados -el líquido que se desprende de los residuos orgánicos que se van pudriendo en las bolsas- que puedan filtrarse por pinchaduras o cortes de las bolsas que los contienen. Los vecinos denunciaron que esos líquidos filtraban hasta las napas o se deslizaban hacia veredas y desagües, contaminando.
Respecto del primero: cuando se realizó la renovación del contrato los ediles no oficialistas pidieron que se adjuntara el pliego del llamado a licitación y la respuesta de los concejales del gobierno fue que “no hay obligación de mandarlo. Lo que se trata es la autorización para el llamado a licitación, no las condiciones”, lo cual no conformó pero la votación fue favorable al oficialismo. Haciendo un poco de historia cabe señalar que la administración anterior también era reacia a adjuntar el pliego, pero el 9 de abril de 1999 fue aprobado el expediente I-818/98 del HCD por el cual se establece que el ejecutivo debía enviar en tiempo y forma los pliegos de bases y condiciones de las licitaciones antes del llamado a licitación. La ordenanza Nº8881 fue firmada por el presidente del HCD, Roberto Miguelez y el secretario Adolfo
Vedani. Pero un año y medio después, el 28 de diciembre de 2000, con la firma de Mario Moschino como presidente y de Francisco Vilas, secretario, la ordenanza Nº9199 por expediente B-776/00, derogó la anterior. Fue un pequeño logro de la Alianza, que duró lo que un suspiro. El entonces intendente Manuel Quindimil no quería que estos pliegos pudiesen ser analizados u observados por el HCD y en cuanto los votos le dieron la posibilidad recuperó ese poder. La administración actual mantiene esa antigua disposición.
Lo que se paga por la recolección de residuos -y los “extras” con los que se amplían esos montos- a cambio de servicios que no siempre se ven (como la prueba piloto sobre separación de residuos, que duró lo que un suspiro en un solo barrio de Lanús este) o la poda de 40.000 árboles, tan publicitada como cuestionada, es tema de debate recurrente durante el tratamiento de la rendición de cuentas anual. Lo cierto es que este tema dio lugar a un año muy agitado, con presentaciones en el Tribunal de Cuentas, en la que ediles opositores entre los que se encontraban Omar López (PJ), Mariano Amore (CC- ARI), Carlos Folino (UCR), Jorge Schiavone y Susana Arse (Pro), María La Rosa (GEN) y en principio algunos más que luego cambiaron de parecer, pedían la interpelación del entonces secretario de Medio Ambiente Ricardo Jilek y anunciaban que si no se lograba y, agotadas las instancias administrativas, iban a hacer la denuncia a la Justicia.
A favor de la interpelación votaron Paola Rezano, Stella Maris García, Carlos Folino, María La Rosa, Carlos Barbagallo, Omar López, Alicia Iglesias, Jorge Schiavone, Susana Arce, Cristian Bosio y Gabriel Di Masi. El edil Martín Sosa estuvo ausente, si bien había acompañado con su firma la petición para la interpelación.
En contra se alinearon todos los concejales oficialistas acompañados por Francisco Malvaso, Daniel Píccolo, Pedro Gómez y Mariano Amore.
El faltazo de Sosa, y los votos positivos de Gómez y Amore dieron vuelta el resultado que, según se había pactado, era lograr la interpelación.
¿Y la clausura del galpón?
Coassini también cuestionó el segundo expediente, la falta de cumplimiento de lo que indicó como “la disposición de la clausura del predio”, indicada en el expediente iniciado en el HCD a fines de 2010. Diversos concejales consultados coinciden en que el expediente nunca logró un dictamen de clausura y aún más: que está retenido en la comisión de Salud y Medio Ambiente, que preside Carlos Torlaschi y cuyo secretario era, hasta fines del período de sesiones ordinarias del año pasado, Martín Sosa. Sosa indicó que este año no integrará comisiones pero Torlaschi confirmó que continúa como presidente de la misma comisión y que “este año se van a tratar todos los expedientes, incluido el de Covelia”. Esta comisión quedó integrada por Torlaschi, Luciana Agustavicius, Graciela Lizarraga, Vanesa Orbes, María La Rosa, Stella Maris García y Cristian Bosio.
