
Según el proyecto, “el municipio se hará cargo como agente exclusivo de la recepción de las llamadas o e-mail, que indiquen la localización de sitios, lugares o espacios en que se comercialicen estupefacientes. El municipio llevara un registro diario que contengan todas las denuncias recibidas: Día, hora y lugares señalados por venta y/o personas detectadas por tal actividad, y cualquier otro dato que facilite las investigaciones”. Y advierte el trabajo de Cedrolan que “el receptor tiene expresamente prohibido recabar datos de identidad o cualquier otra información de quien realice la llamada”. Y que todas las informaciones recibidas vía 0800 o gmail deberán ser giradas inmediatamente a las autoridades competentes, judiciales y de seguridad.
Aclara Massobrio que el proyecto tiene por finalidad “concentrar los esfuerzos a la localización de los centros de venta y de los dealers y no en los consumidores”.