por Lisandro Martínez*
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Quien presente a Cristian Favale como un “cocohueco”, matón y criminal, hace una descripción incompleta. Durante el 2010 Favale fue evolucionando en la estructura política del FPV/PJ de Varela, ya no sólo cumplía las tareas inherentes a un rompehuesos profesional sino que había agregado a sus servicios el rubro “Acompañantes” a actos políticos y ofrecía 20 ó 30 “chicos” de su confianza que concurrían con redoblantes y bombos y si era necesario con otros instrumentos de mayor penetración.
Para garantizar el traslado de sus “chicos” Favale había establecido una fluida relación personal con el Comisario Héctor González y el Subcomisario Walter Romero de la Comisaría 1ra. de Varela. Para los “polis” era “un referente”, lo que lo posicionaba por arriba de los punteros asistencialistas. Favale estaba construyendo su carrera política con dos remises de su propiedad y la colocación de “10 muñecos con bombos y redoblantes”, esta última oferta le dejaba a “Harry” unos $3.000 por actividad y para sus vecinos del Barrio Monte Cúdine “estaba en política” (Diario Varela al Día 21/10/2010).
No es para nada disparatado señalar que si aquel 20 de octubre no hubieran estado presentes Gabriela Carchak, Gustavo Farías y Marcelo Polito, compañeros de Prensa con su cámara, Favale en lugar de estar preso hubiera sido premiado por su actividad ejemplificadora contra los zurdos, otorgándosele un puesto político en el distrito de Varela y estaría sentado a la diestra del intendente Pereyra.
El 9 de febrero de este año en el Juicio que se sigue a los por ahora 17 implicados en la emboscada, Favale pidió hacer una ampliación de sus dichos sabiendo que hasta el momento es el único “pato de la boda” y número puesto a la hora de ser condenado; declamó
su inocencia y que sólo había llevado un colectivo escolar con sus “chicos” bombistas y redoblanteros al escenario del crimen. Volvió a denunciar que Alejandro Benítez (“testigo arrepentido” suministrado por Néstor, Cristina y Alak), era un “trucho” que estuvo con un arma en la mano en la primer fila de la patota como lo muestran los videos.
Alejandro Benítez es un hombre de confianza del intendente de Quilmes, Francisco Gutiérrez, y fue uno de los tantos que señalaron durante las audiencias en Comodoro Py a Favale como autor del disparo que impactó en Mariano Ferreyra, causándole la muerte.
Agregando una semblanza de quien es Benítez otra testigo, Andrea Noemí de Yulis, ex esposa de un ferroviario con mucho conocimiento de las actividades de la conducción y de varios de los integrantes de la patota, que vive en un complejo de casas para ferroviarios lindero al sector de Encomiendas en Constitución, señaló en el Juicio: “Reconocí a Alejandro Benítez por las imágenes de la televisión. Es de la lista Verde de Pedraza. Estaba al frente del grupo de los que atacaron a los tercerizados y a los del PO” (10/10/2012 causa 40.825/2010).
Favale reprochó a la justicia: “Señores, si Benítez aparece en los videos armado, él tendría que estar acá con nosotros, sentado acá con los imputados y no como testigo”.
Favale tiene razón pero precisamente lo que el Poder Judicial intenta evitar es recorrer la corrompida cadena de responsables, porque detrás de Benítez están los que lo presentaron en la Fiscalía para embarrar la cancha a 24 horas del asesinato. Están los que lo instruyeron sobre lo que debía y lo que no debía decir. Deberían desfilar por Comodoro Py los que lo presentaron ante la sociedad como el testigo clave, quien con su declaración clarificaría la emboscada de Barracas y sacaría de la escena del crimen al Gobierno.
Si fueran llamados a declarar los encopetados funcionarios públicos, Cristina Fernández, el ministro “asador” y el “barba” Gutiérrez, deberían explicar a la opinión pública qué los llevó a confiar en un patotero primero armado y luego “arrepentido” y seguramente deberían refugiarse en sus fueros presentando sus dichos por escrito para no pasar papelones o quedar incriminados directamente por complot.
Los dichos de Favale, principal sospechoso del asesinato de Mariano, atronan y actúan como dedo acusador sobre el régimen político que montó desde el minuto cero pistas falsas y declaraciones del mismo tenor efectuadas por Ministros y Secretarios de Estado que intentaron dar impunidad a los autores materiales, políticos e intelectuales de la emboscada.
Sin el arrojo físico de Gabriela Carchak y sus compañeros, sin la poderosa y masiva movilización nacional e internacional que levantó la bandera del juicio y castigo a los responsables de la planificación y ejecución del crimen convirtiéndola en causa popular, sin una orientación política independiente del Estado y consecuente se hubiera perdido el objetivo.
El 19 de febrero y hasta obtener justicia nos movilizaremos para reclamar la condena a prisión perpetua para José Pedraza por instigar el asesinato de Ferreyra. Reclamamos esa condena para todos los acusados, incluidos los policías que fueron partícipes necesarios del ataque de la patota de la UF, ya que quedó demostrado en el juicio que la policía fue parte del plan criminal.
En vísperas de los alegatos ha trascendido que la fiscalía no pedirá la condena a cadena perpetua para Pedraza. Esa decisión está en conocimiento de la Procuradora General de la Nación, quien se habría declarado prescindente. Estamos ante un operativo político dirigido a limitar los alcances del juicio.
Las presiones oficiales son muy claras. Las responsabilidades por el crimen de Mariano superan a los 17 imputados que están siendo juzgados. La instrucción no abordó las responsabilidades de los empresarios de Ugofe, de los funcionarios de Transporte y de la conducción de la Policía Federal. Una condena a perpetua a los responsables políticos del crimen impulsaría las causas que investigan el manejo fraudulento de los subsidios en el Roca y las relaciones comerciales ilícitas entre Ugofe y los dirigentes de la UF y abriría otras nuevas. Los hechos apuntan a Juan Pablo Schiavi, Antonio Luna y otros imputados por la masacre de Once y también a Aníbal Fernández, quien comandaba la policía federal.
La tentativa de reducir los cargos a Pedraza pretende encubrir estas derivaciones de la causa y cuenta con el aval del poder político a través del ministerio público. 20/2/2013
(*) Integrante del PO
