por Lisandro Martínez*
El kirchnerismo intenta hacer realidad el viejo sueño de la burguesía: poner punto final al problema de las desapariciones forzadas, sin que aparezca la clase social que bancó el genocidio. Al mismo tiempo y con escenificación de Fuerza Bruta, los K explotan negocios inmobiliarios de fuste utilizando “los campos” donde se torturó y asesinó.Gustavo Veiga desnudó en el artículo “La memoria hundida en una Venecia trucha” -Página 12-26/12/2012- que los DDHH para el gobierno y los intendentes del GBA están subordinados a negocios donde puedan “morder un retorno” y no es sólo el caso de los terrenos que ocupara la textil Campomar, ubicados en Valentín Alsina en Lanús oeste, sino también el ex Astillero Astarsa de Zona Norte en Tigre, dos casos surgidos por la denuncia de comisiones de DDHH vecinales.
El 21/8/2008 la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Zona Norte “presentó un proyecto al intendente Sergio Massa con el propósito de que en el predio de Astarsa –donde se sospecha la dictadura torturó a 11 obreros del astillero– se resguardara la memoria levantando un complejo cultural, un museo y una escuela de artes y oficios vinculados a la industria naval”. El texto dirigido al funcionario decía: “Asistimos con frecuencia a la transformación de ex fábricas en barrios cerrados para grupos sociales de privilegio, de uso minoritario: barrios que se asientan sobre los ‘cementerios industriales’. Una tendencia que margina a la mayoría de los vecinos ante la posibilidad de urbanización y que además agudiza la reducción de espacios públicos e impide cualquier tipo de dinámica social”. (G. Veiga)
En Tigre se gestó Venezia, vía Sergio Masa, que ocupa las 32 hectáreas del ex Astillero Astarsa para construir 250.000 m2 vendibles a u$s340 millones, con puerto deportivo, marinas y canales internos. “El m2 costará $12.500” (Clarín 19/10/2012).
En Lanús con la bendición presidencial se instaló Nuevo Valentín Alsina y el intendente –un
mero gestor a la hora del reparto del botín- estableció un negocio de u$s250 millones con tierras públicas para edificar 2.500 viviendas de lujo mediante Créditos del Bicentenario cuyos recursos financieros se garantizan con deuda externa.
La Comisión de Vecinos de Lanús con su acción reveló los límites insalvables para defender los DDHH por parte de los falsos “campeones” de los mismos hoy en el poder. Les han importado poco a la justicia y al poder político las declaraciones de testigos que vieron helicópteros, patrullas militares, ropa ensangrentada, cráneos y restos humanos en Campomar. Incluso ningunearon las dos declaraciones de un sobreviviente. La cautelar para preservar el lugar y que fuera investigado el predio se malversó desde un principio. La Cámara de Apelaciones “vino a ver” el lugar sin adoptar ninguna medida de investigación científica.
En Tigre y en Lanús la compra de las tierras fiscales en “remates” es trucha y la flojedad de papeles avergonzaría a los famosos hermanos Todres que en la década de los ‘60 vaciaron Campomar. Si en Tigre son TGL y Metro 21 las especuladoras inmobiliarias, en Lanús es Electroingeniería empresa paraestatal en cuyo directorio “brillan”, para que no falten condimentos al drama, elementos fundidos del ERP.
A sólo 15 días del artículo de Veiga, el menemo/duahaldo/kirchnerista Julio Alak, ministro de Justicia, obligó mediante extorsión que 2.000 empleados del ministerio concurrieran a un asado en la ESMA, a la que el gobierno ha convertido en la mansión del The Rocky Horror Picture Show.
La concurrencia obligatoria a ese lugar sin que los trabajadores pudieran negarse señala que se vulneran libertades públicas y por lo tanto estamos en presencia de un régimen laboral con profundas raíces en la esclavitud, donde los empleados obedecen y son arreados a participar de los más sombríos rituales bajo la amenaza de quedarse sin trabajo.
Cuando Peter Brook puso en escena Marat Sade, contó precisamente la debacle del proceso revolucionario iniciado con la toma de la Bastilla y cómo esa explosión social fue prostituida por la burguesía. Para ahondar el dramatismo Peter Brook desenvuelve toda la trama en un manicomio del siglo XXVIII.
Si alguien invitara al pueblo a participar en masa de un festival en las mazmorras, donde por lo menos 5.000 trabajadores fueron violentados, torturados y muchos asesinados por ser opositores políticos, los pocos concurrentes serían clasificados por el morbo y la patología siquiátrica.
Por supuesto, que a alguien le interese dar clases de cocina donde Landrú incineraba a sus mujeres hace presumir una perversión. Hacer que los niños de las víctimas concurran a ver payasos al lugar donde se violaban mujeres y se torturaron fetos puede ser un brote notable de masoquismo que una campaña de salud pública debería aconsejar se lo trate con especialistas.
Pero cuando los que convocan a beber y comer en la misma jaula de los leones donde eran devorados los gladiadores son las máximas autoridades del Estado, esto está indicando que el desequilibrio del emperador Calígula es tomado como política y orientación para banalizar el genocidio del que una cantidad importante de funcionarios actuales fueron partícipes necesarios.
En la “tiendita del horror” montada por el gobierno kirchnerista lo que se necesita es una intoxicación masiva de crueldades, sangre, horror, violaciones y sadismo para agotar el tema y cerrarlo con imágenes abrumadoras que impidan recordar.
La política del terror explícito es la que atosiga al pueblo hasta desarmar su capacidad de reflexión, con esto el gobierno está dispuesto a enterrar la memoria.
Regodearse en el barro y la sangre derramada, en las técnicas de torturas, en el sado/masoquismo, es evadir las responsabilidades de la clase social que gobernó junto a los genocidas, quienes a través de la circular 1050 se quedaron en Santa Cruz y en todo el país con las propiedades de los trabajadores que fueron confiscados. Es ocultar que toda una porción de los explotadores aprovechó el terrorismo de Estado para apropiarse de empresas y propiedades de las víctimas.
El oficialismo muestra obscenamente el paquete de intereses que defiende y su desbarranque.
(*) Miembro del Partido Obrero