A partir de esa reunión, se ha decidido promover una serie de acciones políticas, parlamentarias y judiciales para frenar o regular cualquier uso indebido de los recursos públicos así como de las imágenes obtenidas por estos medios.
“Sin duda, existe un abuso, una malversación de los recursos por los que pagan todos los vecinos de Lanús, y lo más grave es la posible comisión de delitos si esas imágenes, entregadas a particulares, se destinan a escrachar o intimidar a las personas. Por este camino, es razonable que la gente comience a sentirse “espiada”, y entonces se desnaturaliza el sentido preventivo frente al delito que debe tener la instalación de cámaras de filmación en las calles del distrito.”
El hecho llamó a preocupación en el partido GEN a partir de la publicación periodística en internet de un blog paramunicipal liego reproducido por el blog del hoy funcionario comunal de Seguridad, Alberto Callejas, que en sus notas con fecha 5 de enero del 2013, utilizan fotos de los vecinos participantes de una de las tantas marchas que se hacen en reclamo de seguridad en el distrito de Lanús, frente al edificio municipal donde se encuentra el Centro de
Monitoreo, el día viernes 4 de enero del corriente año aproximadamente a las 19:30.
“Teniendo -dice una gacetilla del GEN- en cuenta que los vecinos de Lanús pagan tasas e impuestos, incluyendo un ítem específico para ser utilizado en la prevención del delito, como son los recursos destinados a la Secretaria de Protección Ciudadana y ante la posibilidad de haber mal utilizado los mismos con fines político-partidarios o intimidación a los vecinos y políticos opositores, como se ve claramente en las publicaciones mencionadas, la primera decisión fue formalizar una presentación ante la justicia. La edil solicitó al Fiscal investigar si los hechos denunciados, y la difusión de las imágenes obtenidas desde el Centro de Monitoreo, podría constituir delitos de acción pública por parte de funcionarios municipales”.
Además los concejales del FAP, La Rosa, Stella Maris García y Oscar López, presentaron un proyecto de ordenanza que contiene un protocolo para la utilización y captación de imágenes y sonidos, lo que permitirá garantizar la convivencia ciudadana y la utilización de estos sistemas de vigilancia en espacios públicos para la prevención de delitos sin poner en riesgo las garantías individuales ni afectar derechos por el tratamiento de la información. Lo mismo se analizará respecto de una regulación provincial y/o nacional para reglamentar ese uso, e impedir la realización de tareas de inteligencia sobre la acción de políticos opositores, en infracción de toda la legislación vigente.
