Dos días antes, el juez de garantías que maneja la causa, Gabriel Vitale, había rechazado un pedido de excarcelación presentado por della Maggiore, basado en un tecnicismo legal. Ahora Bravo y Rodriguez avanzaron aún más porque entienden que en realidad ni siquiera hay pruebas de la muerte de Soriano, y entonces, obviamente, de que Lagostena sea culpable de un crimen.
Como se recordará, Erica Soriano desapareció el 21 de agosto 2010, y a las pocas horas llegó una información confidencial a La Defensa -proveniente de Vigilancia de la Municipalidad de Lanús- diciendo que ese sábado por la noche hubo movimientos extraños en el cementerio local. Luego otra fuente del mismo sector habló de que en la necrópolis, esa noche, hubo zona liberada y que se sospechaba que él cuerpo de Soriano había sido incinerado en el crematorio.
Sabía ya este medio de las vinculaciones de la familia Lagostena con el negocio de los sepelios, entonces La Defensa, poniendo por delante primero el deber civil, ese mismo sábado le hizo llegar esta especie primero a la entonces directora del cementerio Griselda Regueira, por interpósita persona, y luego se la comentó al entonces subjefe de policía, Salvador Baratta.
¿Creen ustedes que al enterarse el intendente rápidamente ordenó el cierre del cementerio y darle curso a la justicia? ¡No! lo que hizo fue amenazarlo a Baratta con quejarse de él al gobernador, “por llevarle el apunte a un periodista desestabilizador”, dijo el inefable Darío Diaz Perez.
Como se recordará, después el fiscal Gerardo Loureiro hizo remover sepulturas y allanó los crematorios de Lanús y Berazategui, pero el resultado fue cero.
Y hoy la sociedad siente que se ha cometido otro crimen impune en la Argentina.
