En un hecho sin precedentes en la legislación lanusense, el concejal Salvador Baratta (foto) presentó un proyecto de ordenanza por el que se obliga a los funcionarios políticos municipales del ejecutivo y deliberativo a presentar sus declaraciones juradas anualmente, así como también al asumir y cesar en el cargo. El proyecto señala que los funcionarios, como responsables de los destinos del municipio, deben transparentar su situación patrimonial personal y que por ello se torna necesario crear las herramientas que combatan y desalienten el enriquecimiento patrimonial originado en el desempeño de la administración pública.
La iniciativa recuerda que a nivel provincial se encuentra vigente el Decreto-Ley N° 9624/80 que consagra la obligación de los funcionarios municipales de presentar la declaración jurada de sus bienes al tomar posesión de sus cargos y luego sólo cada cinco años. Pero no obstante su contenido laxo, tal norma no es respetada por numerosos funcionarios lanusenses, que aprovechan la falta de sanciones concretas para los incumplidores.
Por ello, el concejal Baratta dispone que la no remisión de la declaración dentro del plazo establecido, sin causa justificada, sea considerada falta grave. Además, la Dirección de Personal deberá retener el 20% de los haberes del funcionario que incumpla con la declaración jurada hasta tanto no efectúe su presentación.
El proyecto comprende a los concejales y al secretario del Concejo Deliberante, y a los funcionarios del Departamento Ejecutivo con categoría no inferior a la de director.
“La nota de color la aportaron algunos personajes que no quieren saber nada de transparentar su patrimonio e intentaron disuadir a Baratta de no presentar este proyecto. Queda claro que no tuvieron éxito porque la iniciativa ya fue presentada”, señalaron en el entorno del edil señalado pero sin hacer nombres de los “presionadores”.
