por Lisandro Martinez
lisandromartinez47@yahoo.com.arEl 20 de junio de 1973 –día de la bandera, fecha que para Omar Dalponte no debería utilizarse para movilizarse, reclamar a la patronal, ni hacer huelgas-, se produce un crimen perpetrado desde las más altas esferas del Estado Justicialista, que se llamó la masacre de Ezeiza. Perón regresaba ese día como el hombre que venía a frenar en seco la rebelión obrera a cualquier costo y millones ilusionados con su demagogia de izquierda lo esperaban “para que encabece la liberación nacional que corone en la patria socialista”. Para algunos analistas políticos en esa acción, coordinada por el Coronel Osinde, Norma Kennedy, López Rega, sectores de la burocracia sindical y el guiño del General, se resume el bautismo de fuego del método de guerra civil y exterminio de lo que fuera la Triple A y más adelante los grupos de tareas de la dictadura militar. Perón lo llamó el Somaten.
Se calcula que en el período 1974/1983 participaron más de 25.000 verdugos para aplicar el plan del Estado terrorista de exterminio que garantizara desarmar el ascenso obrero producido a partir del Mayo francés, del Cordobazo y de la derrota de las tropas imperialistas en Vietnam. De ese multitudinario cuerpo de represores pasadas tres décadas sólo se han juzgado o se están juzgando unos 600. Al 20/9/ 2012, habían sido 316 los condenados. (www.izquierda.info)
De los miles de colaboracionistas civiles, empresarios, políticos, la Iglesia y la Burocracia Sindical sólo se han imputado a menos de 50. Sobre los crímenes de la Triple A, ni una palabra. De acuerdo a los informes de organizaciones de DDHH, de la CONADEP, fuentes de la Secretaría de DDHH de La Nación y las nuevas investigaciones que van surgiendo todos
los días, existieron en la Argentina por lo menos 600 centros de detención clandestinos durante la dictadura militar; de esos 600 sólo se conoce algún dato de 100. Por lo que el sonsonete kirchnerista de ser campeones de los DDHH es una holgada prenda que se resbala por una anatomía absolutamente raquítica, cuando no cómplice.
En 1985 dos años después de la instalación del régimen llamado democrático, el Ministerio de Interior de la Nación pide a los municipios que informen de la existencia de cadáveres enterrados sin identificar (NN). El ejecutivo de Lanús comandado por Manuel Quindimil informa que hay NN en el Cementerio del distrito y que figuran fecha de ingreso, sexo, edad y que repartición de las fuerzas de seguridad los ingresaron. Un año después en 1986, Quindimil y “sus muchachos” producen un verdadero crimen de lesa humanidad, destruyen las pruebas enviando entre 25 y 30 cadáveres de la fosa común al osario general, argumentando que por haberse cumplido 10 años o más desde la inhumación, los restos se exhuman y deben ser depositados en el osario común. Con esto mezclan los restos y se hace imposible cualquier trabajo investigativo. De Darío Díaz Pérez que era una figura pública, en ese momento Presidente del Club Atlético Lanús y con apetencias políticas, no hay registros que digan que emitió opinión alguna.
En setiembre del 2007 en plena campaña electoral donde finalmente fuera derrotado Manuel Quindimil, el entonces Concejal de Lanús Alfredo Giorno (quien era además presidente de la Comisión de DDHH de ese cuerpo legislativo), refiriéndose a las desapariciones forzosas de personas ocurridas en el distrito durante la dictadura genocida sostuvo ante un medio radial: “Estas desapariciones ocurrieron durante los primeros días del proceso mientras el Intendente era Manuel Quindimil y es imposible pensar que hechos aberrantes como éstos pudieran perpetuarse sin la anuencia o la complicidad del poder político que en esos días aun lo ocupaba Quindimil”. (desaparecidos.org/notas/2007/ .../arg-desaparecieron-mientras-qu.htm).
En el expediente Nº 2692/S.U. –secretaría única- Cámara Federal de Apelaciones de La Plata caratulado “Comisión Provincial por la Memoria su presentación” figura a fojas 156: “El concejal Giorno también denunció que el predio de la ex fábrica Campomar fue utilizado como lugar de alojamiento de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. También mencionó en su denuncia que el actual intendente de Lanús Manuel Quindimil, ejercía ese cargo en momentos del golpe de Estado y según sus propias declaraciones los militares lo obligaron a continuar en el cargo por 58 días. Es decir los meses más sangrientos de la dictadura, donde desaparecieron gran cantidad de militantes peronistas en Lanús, sin que el intendente se diera por enterado, cuando además era el Presidente del Partido Peronista de BS. As……”
Estas declaraciones no parecen estar motivadas sólo por la verborragia liberada durante una fogosa campaña electoral donde se pretendía destronar a Manuel Quindimil ni creemos que fueran dictadas por la demagogia de izquierda que siempre acompaña la llegada de gobiernos reaccionarios, como fue el caso de Carlos Menem y otros.
¿Qué pasó que Giorno y el Partido de Acción Nueva (PAN), que luego se sumó al FpV, no impulsaron luego de desplazar a Quindimil nuevas investigaciones que habrían oxigenado la vida política y social de un distrito donde la Triple A se movió hasta muy avanzada la democracia como pez en el agua?
Giorno, que proviene de una variada experiencia como militante en distintas organizaciones (Juventud Peronista 1973-1976, Renovación Peronista, Frepaso, Frente Grande, Proyecto Sur y ahora Frente para la Victoria) ha tenido desde 2005 acceso a documentación e informes precisos de víctimas y familiares sobre los años de plomo. Por su actividad en el Concejo Deliberante debería presentarse en la justicia para ayudar a armar este rompecabezas, donde los responsables políticos de aquella masacre, burócratas que señalaron al activismo y grupos capitalistas de la zona que aceitaron la maquinaria de crímenes y violaciones a los DDHH caminan por el distrito como si nada hubiera pasado.
¿Por qué no sucede esto?
¿Por qué Giorno no repite públicamente sus dichos que están impresos en la Causa 2692/S.U. sobre Campomar, presentados por la Comisión por la Memoria y los amplía?
¿Qué es lo que se resguarda?
Reclamemos se preserve Campomar hasta que la investigación científica haya dilucidado la verdad, impidamos presiones del mercado inmobiliario.
Los delitos de lesa humanidad no proscriben.
(*) Militante del PO
