martes, 6 de noviembre de 2012

La semana en pocas palabras


Informe Económico Semanal del Banco Ciudad

En la última semana se produjo una escalada del riesgo argentino, que dio lugar a que la propia Presidenta debería salir a aclarar que el país honraría sus próximos compromisos de deuda en tiempo y forma, aunque lo hizo avalando la teoría oficial de una supuesta campaña “anti-argentina” en el exterior, con motivos especulativos, desconociendo una serie de eventos concretos que ayudan a explicar la creciente incertidumbre.
A la pesificación de la deuda de Chaco, se agregó en estos días un fallo de la Justicia de Nueva York avalando un tratamiento igualitario de los bonistas que no entraron a los anteriores canjes de deuda, además de la presentación de un proyecto de ley para ampliar el control oficial en el mercado de capitales, junto con una regulación de las inversiones de las aseguradoras.
Estos eventos, que podrían implicar cambios en las condiciones en las que venían operando los instrumentos de deuda pública y privada, se suman a otros anteriores (como la confiscación de YPF) o de larga data (como el virtual default técnico de los bonos ajustables por la inflación del INDEC, el incumplimiento de las obligaciones con el Club de Paris y los juicios del CIADI), que llevan a que Argentina no logre eliminar su reputación de incumplidor serial en los mercados financieros, manteniendo por las nubes el costo del financiamiento. Asimismo, esta nueva escalada del riesgo pone en evidencia un abordaje parcial de los
problemas, sin medir sus consecuencias desde una óptica integral.
En este sentido, el caso de la pesificación de la deuda del Chaco evitó el uso de USD 260 mil de las Reservas Internacionales, pero generó –automáticamente- una mayor percepción del riesgo y una pérdida de valor de los bonos en poder del FGS de la ANSES por USD 250 millones, con un resultado neto claramente negativo de esa medida.
Por su parte, el fallo de la Justicia de Nueva York refleja los costos de dilatar el cierre definitivo del default de hace una década. Si bien todo indica que el gobierno terminará apelando la sentencia una vez que el Juez Griesa determine la forma en que deberá atenderse el reclamo de los “holdouts”, lo cierto es que el fallo ya tiene consecuencias concretas.
Cuando exista una sentencia firme, si Argentina decide no pagar a los fondos litigantes, deberá modificar el mecanismo por el cual realiza los pagos vinculados a los bonos post-default (derivando, por ejemplo, los pagos habituales en Nueva York a otras plazas financieras). De ser así, el país podría ingresar en una situación de default “técnico”, al considerarse que incumplió con las condiciones originales de los bonos. La evolución de los seguros contra default de los títulos públicos argentinos refleja que el mercado asigna una alta probabilidad a este evento, tocando el seguro a 5 años los 2000 puntos básicos, superando las marcas de Venezuela o la ajetreada Grecia.
En este marco, el timing del ingreso del proyecto de ley para regular el funcionamiento del mercado de capitales a partir de una mayor injerencia de la CNV no fue el óptimo, al ser percibido por el mercado como una creciente intervención estatal, reforzando el clima negativo reinante en la plaza financiera durante la semana.
En la misma línea, el rebalanceo de las carteras de inversión que deberán encarar las aseguradoras en favor de proyectos de inversión, presionó a la baja los precios de los activos financieros de los cuales se deberán desprender, como títulos públicos y acciones, dotando al mercado de una presión bajista adicional.
Con todo, lo preocupante es que un abordaje ideológico del funcionamiento del mercado de capitales y del tema deuda, lejos de ayudar a encontrar una solución, pasa a ser parte del problema, desaprovechando el país un contexto de liquidez global inédito para economías como la Argentina, generando mayores costos de financiamiento para provincias y empresas.