Hubo argumentaciones en algunos de los expedientes presentados sobre tablas, que recibieron la aprobación para su inclusión y tratamiento: un convenio entre el municipio y el Centro de Especialistas de Análisis Biológicos, la aprobación para colocar una placa en la seccional 3ª recordando que fue un centro de tortura y desaparición de personas, y una declaración apoyando las investigaciones que llevará adelante la justicia en el predio de la ex Campomar.
El convenio, que fue aprobado por los 23 ediles presentes -el ausente fue Martín Sosa- ya había sido debatido durante más de una hora en Labor Parlamentaria -y corregido en consecuencia- establece la cesión de 300 análisis mensuales para los pacientes que concurren a las salas municipales, que necesiten ese servicio y no tengan recursos para hacerlos. Los médicos de las salas serán quienes indiquen qué pacientes deben recibirlos.
La aprobación de la placa en la seccional 3ª. de Valentín Alsina -del Circuito Camps durante los años de terrorismo de estado- llevó muchos minutos de defensa de concejales oficialistas, encabezados por el camporista Sandoval quien, habitualmente silencioso, habló por segunda vez haciendo una prolija lectura del extenso texto que llevará esa placa. Lo acompañó Gagino
y fueron aplaudidos por militantes de La Cámpora, que ocupaban la barra con sus banderas. Daniel Píccolo hizo una breve referencia a los trabajadores desaparecidos.
En el tratamiento del expediente sobre la declaración de apoyo a las investigaciones que realice la Justicia a través del equipo de Antropología Forense en el predio de la ex fábrica Campomar -denunciado por un grupo de vecinos de Alsina como posible centro de detención en los años infames- fue Stella Maris García quien hizo la exposición. Como los anteriores, fue aprobado por unanimidad. Asistieron a la sesión los ex concejales Héctor Vélez y Alfredo Giorno, ahora funcionarios en el ejecutivo municipal.
¿De donde salió el director de DDHH?
Durante la sesión, en el transcurso del tratamiento del expediente que tiene que ver con la denuncia sobre el predio de la ex Campomar, los ediles oficialistas hicieron reiteradas menciones a la preocupación y el interés del intendente para colaborar con la investigación, poniendo todo a disposición de la justicia. También resaltaron la importante labor que está llevando a cabo como director de Derechos Humanos, Matías Acuña, quien se regodeaba en la barra, entre los militantes, cada vez que se mencionaba su nombre.
Sin embargo, este funcionario fue indicado claramente por Juan Ayala, quien encabezó el pedido de investigaciones en la ex Campomar, como el funcionario a quien recurrieron “antes de ir a la comisión por la memoria en La Plata”, para que gestionara ante la justicia a partir de los testimonios conseguidos. Y -según Ayala- “nos escuchó, tomó nota, dijo que nos iba a llamar pero aún estamos esperando”. Frente a la falta de respuesta de Acuña es que tomaron la decisión a recurrir directamente a la comisión platense.
Marta Santos intentó entrevistarlo al terminar la sesión y frente a la requisitoria de una explicación sobre lo indicado por Ayala, dijo Matías Acuña que “la organización no autoriza que hable con la prensa” (¿Qué organización?).
—Esto da por sentado que lo que dijo Ayala es verdad -replicó la periodista.
—Ayala que diga lo que quiere, yo no voy a hablar con la prensa”, reiteró.
Sin embargo un municipal que pidió reserva de fuente aseguró: “El intendente está preocupado por el tema. Y no tiene la culpa de las equivocaciones de un funcionario”, aludiendo a Acuña, un miembro de la JP puesto a funcionario.
A la tarde y con la misma periodista, Salvador Baratta preguntaba: “¿Alguien le inició un sumario al director de derechos humanos?”
