por Lisandro Martinez*
lisandromartinez47@yahoo.com.arEn Argentina fueron desaparecidas 30.000 personas y muchas más fueron detenidas y torturadas por la dictadura genocida. Con chicanas y desidia sólo se reconocieron en 36 años los restos mortales de 1.000 luchadores sociales. Esto muestra la falta de voluntad y el pobre nivel de investigación que el Estado dispuso para esclarecer el genocidio, individualizar empresas capitalistas que financiaron a los grupos de tareas e identificar a dirigentes sindicales que armaron los listados para que desapareciera la oposición en los gremios. Todo esto cruza tres décadas y media de la historia nacional y muestra que todo se ha realizado bajo la parsimonia de un Estado comandado por la misma clase social, por infinidad de funcionarios y por una tanda de concejales, legisladores y jueces que provienen de aquella bárbara tarea.
Pero ¿qué condiciona esta civilizatoria investigación de una masacre contra el pueblo como la ocurrida entre 1974 y 1983? “Los intereses Creados” como lo expresó en 1907 Jacinto Benavente, en su inmortal obra de teatro.
Ha quedado demostrado por testimonios de vecinos y un sobreviviente que en la Fábrica Textil Campomar funcionó un Centro Clandestino de detención, tortura y fusilamiento. Luego de 60 días de hacer la plancha, la justicia el 22/11/2012 se ha negado a investigar y dio luz verde para que continúe la construcción de 24 Torres de súper lujo, un negocio de “u$s 250 millones”. La decisión judicial significa dar el OK para destruir pruebas de aquel crimen masivo donde los Blaquier, la Mercedes Benz, Alpargatas, Volkswagen, etc., jugaron un papel
central que Los intereses Creados impiden investigar.
En los boletines Nº 249 de Octubre y Nº 250 de Noviembre “La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valentín Alsina”, a pesar de la medida judicial de no innovar aplicada desde el 13/9 hasta el 22/11, mantuvo la propaganda a toda página para vender departamentos de categoría construidos sobre el Centro Clandestino. A pie de página auspiciaban el anuncio de ventas: Electroingeniería, Banco Provincia, Municipio de Lanús y Oficina Urbana (Organización Puerto Madero).
Que la empresa de los Kirchner Electroingeniería, Oficina Urbana y el Sistema Inmobiliario de Lanús, que incluye a Díaz Pérez, insistan en comercializar un terreno sospechado de estar anegado en sangre, necesitaría un debate social intenso y una condena a quienes viven de la especulación inmobiliaria y pertenecen al grupo selecto que evade impuestos y blanquea dinero.
Pero que uno de los sponsor más entusiastas de la venta de departamentos sea el Municipio de Lanús, violando la decisión judicial de no innovar, revela una duplicidad en la conducta del intendente quien señaló a ¡¡Clarín!! (zonal): “Nunca se planteó seguir adelante con el emprendimiento hasta que se conociera la verdad. Los testigos primero se presentaron en la Municipalidad, pero eso no era suficiente para que el Estado actúe. Por eso, nosotros mismos fuimos quienes, desde el área de Derechos Humanos, los contactamos con la Comisión Provincial de la Memoria”.
Esta es una enorme mentira, la delegación de la Comisión de Vecinos que concurrió al Municipio se encontró con el responsable de DDHH, quien sin pelos en la lengua dijo “la construcción o no del Nuevo Valentín Alsina afecta enormes intereses por lo que tengo que consultar a primer nivel político para contestarles”; entendiendo el mensaje de Los intereses creados los testigos se retiraron.
Ante la situación planteada por una Comisión independiente, que el Intendente y la lista Celeste no podían dominar, Díaz Pérez salió a contestar enojado vía Twitter: “Desde los 17 combatí a la dictadura y milité por los Derechos Humanos. ¿Y quieren ahora ensuciarme con eso? Hienas ¡No tienen cara!”.
Las hienas que busca el intendente habitan en los espejos que lo rodean a él y a la Rosada. Si él, que dirige el Ejecutivo, no se aparta durante 60 días del negocio millonario cuestionado por la decisión de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata está confesando sus premisas, no importa que diga que cuando era monaguillo luchó por los DDHH, en los organismos todos saben que si hubo una institución que defendió a los genocidas esa fue la iglesia.
Además cuando Darío fue concejal o diputado no defendió las libertades públicas ¿Por qué vamos a creerle que cuando no era nadie sí lo hizo?
El 4/5/2000 los medios consignaban “al mejor estilo de la dictadura militar con inusitada violencia, funcionarios municipales al mando del secretario de Medio Ambiente de Lanús, el ex Comisario José Ángel Lepes, irrumpieron en el domicilio de la conservacionista Elena Rodríguez, destruyeron la puerta, amenazaron a sus moradores, cortaron la línea telefónica y secuestraron perros”.
El 18/9/2001 vecinos contra la contaminación presentaron el expte Nº 753.767 ante el secretario de Medio Ambiente José Á. Lepes. Reclamaban contra el PCB de los generadores de Edesur que la empresa depositaba en Campomar. Se presentó como prueba un relevamiento epidemiológico cuyas evidencias eran incontrastables. Hubo chicanas y cajoneo.
Nunca escuchamos a Díaz Pérez denunciar a Lepes ni a los fraudulentos que liquidaron las pruebas presentadas por los vecinos.
Reclamemos que Campomar se investigue con todos los adelantos tecnológicos.
Abajo Los intereses creados. Campomar debe expropiarse y ser un lugar donde se honre la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado, respondiendo a los elevados fines sociales y políticos que motorizaron a la mayoría de los militantes de los ’70 quienes perseguían un cambio profundo. No cabe duda que para honrar la memoria de esos compañeros el objeto social de los terrenos de Campomar deberá estar en consonancia con la solidaridad para los sectores más postergados.
Proponemos
a) que se disponga una parte del predio dedicado a recordar la memoria de los compañeros.
b) que la urbanización del lugar permita abrir calles, mejorar la infraestructura, brindar todos los servicios y construir viviendas sociales de calidad para 1500 familias afectadas por el déficit habitacional. El desarrollo, planificación, diseño y control de vecinos y trabajadores sobre el proceso de obras, garantizará honrar a torturados, desaparecidos y asesinados por la dictadura.
(*) Miembro del Partido Obrero
