Pero el informe no fue lo esperado, si bien se indica en él
que el municipio cuenta con 70 equipos de radio, 21 móviles (con una merma del 10% por averías y desgaste), 132 agentes (55 choferes, 26 de vigilancia, 4 administrativos, 34 en monitoreo y 6 en GPS) y que todo se sustenta con fondos de la municipalidad. Deja expresa constancia que “todas las cámaras graban permanentemente y reservan los eventos durante 30 días de memoria” y que el municipio “solventa aproximadamente el costo de 800.000 litros al año y más de 6.000 litros de gasoil mensuales con destino a la…” (renglón en blanco). (?)
El informe aclara también que el mayo del año en curso se contrató un apoyo aéreo con helicóptero: “la aeronave y tripulación está debidamente habilitada y teniendo su asiento permanente en el partido. No aclara en cuál partido. El sostenimiento de este servicio le insume a la comuna una asignación de aproximadamente $170.000 mensuales”. Para mantenerse operativa, la inversión actual de fondos es de $1.900.000 mensuales, suma que se verá afectada por incorporación de nueva tecnología y contratación de más personal.
El informe consigna que de la secretaría dependen tres direcciones: de Defensa Civil, de Sistema de Video Vigilancia y Prevención y la de Participación Comunitaria y no consigna que suma se gasta en cada rubro ni da cifras.
Respecto de las misiones y funciones que desarrollan, generaliza que son sus objetivos: “Promover la construcción de un modelo de seguridad democrático en la comunidad de Lanús. Facilitar el acceso a la justicia de todos/as los vecinos/as de nuestra ciudad. Para ello se implementarán casas de Justicia en los distintos barrios de nuestra comuna”. El otro objetivo es “Fortalecer y garantizar a todos los habitantes de la ciudad, la convivencia y la igualdad dentro de un marco jurídico democrático, descentralizado y participativo; poniendo especial énfasis en la protección de aquellos sectores socialmente más vulnerables, como así la plena vigencia de los Derechos Humanos”
En su conclusión final, el informe establece, entre otras cosas, que “la secretaría es la encargada de acompañar la formulación de políticas en materia de seguridad ciudadana, justicia, protección y promoción de derechos y libertades públicas en nuestro distrito comunal”. “Entendemos que el municipio no es la organización política que tiene entre sus funciones la responsabilidad de definir políticas públicas encaminadas a garantizarle seguridad a la comunidad ni está capacitada -ni operativa ni logísticamente- que le posibiliten asumir esas responsabilidades. El objeto de su misión es fortalecer y garantizar a todos los habitantes de la ciudad la convivencia y la igualdad dentro de un marco jurídico democrático, descentralizado y participativo”. Explica que “la cohesión social, las comunidades y los individuos se ven amenazados por diversos problemas sociales como son la exclusión, la pobreza y la criminalidad”. Por eso la tarea de la secretaría “es de corte participativo, de permanente colaboración y coordinación con la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, a través de sus ministerios y fuerzas entrenadas…” Y destaca que “este municipio remarca expresamente el reconocimiento de su limitación jurisdiccional en el ámbito de su dimensión espacial territorial, como así su fuerte compromiso en velar por el acceso a la justicia y la vigencia de los derechos humanos como fuente legítima de seguridad para todos nuestros vecinos”. Y concluye Amore: “esperando que el presente (informe) dé cabal respuesta a su requerimiento…”