lunes, 15 de octubre de 2012

Para Electroingeniería los desaparecidos son rumores


Por Lisandro Martinez

lisandromartinez47@yahoo.com.ar

Sobre los testimonios judiciales de vecinos que aseguran que en Campomar se encontraron restos humanos, hubo tiros y ráfagas por las noches, bajaron helicópteros, la chimenea quemaba cosas todo el tiempo y estaba custodiado por militares, Electroingeniería dice que son rumores (Diario del Sur del GBA 20/10/2012). 

 Los genocidas decían que los desparecidos estaban en Europa. No creemos que el vicepresidente de Electroingeniería Gerardo Ferreyra, ex ERP, entienda que sus compañeros desaparecidos hicieran turismo ni fueran rumores. 

 Desde derechistas hasta algunos progres en Lanús se lamentan porque después de 40 años
recién ahora salen estas denuncias sobre lo que habría ocurrido en Campomar durante la dictadura. 

Es esta una opinión propia de necios, surgida del cretinismo, no de nacimiento sino adquirida a propósito, negando lo que debían saber. Es hipocresía pura que considera que la violencia, el crimen,  la desaparición de opositores gremiales y políticos es un modelo del pasado y no una herramienta siempre a mano del capitalismo cuando fracasa en disciplinar al movimiento obrero y de lucha.

Lo que deberían preguntarse estos prejuiciosos es ¿Por qué no se desarmaron los grupos de choque derechistas? ¿Por qué dentro de la propia Corte Suprema de Justicia Bonaerense hay todavía elementos acusados de ser parte de los desaparecedores de militantes de la Juventud Trabajadora Peronista? ¿Por qué en la propia CGT continúa Gerardo Martínez, un agente de la dictadura especialista en marcar activistas para que los milicos los liquidaran? ¿Por qué siguen las patotas como “culata” de intendentes, ministros y funcionarios? ¿Por qué Díaz Pérez subvenciona al Monito Rodríguez, el que ocupó el municipio en 2008 con micros del macrismo, como lo mostraron los canales de tv? ¿Será tal vez para que no le den trabajo sus rivales políticos? 

¿No habría sido una política democrática haber abierto los archivos de la SIDE, comisarías y de las intendencias del período 1974 a 1983 y hacerlos públicos para que la ciudadanía declarara enemigos del pueblo a las patronales y funcionarios que instigaron el delirio criminal? 

Por la publicación de esos archivos los instigadores políticos nunca habrían vuelto a presentarse a cargos públicos ni a ejercer la función pública, como sucedió repetidamente. Se hubiera desarmado la matriz mafiosa que operó entonces y que aun perdura en la fuerzas de represión.

Se hubiera castigado como en Francia a los colaboracionistas nazis quienes vivieron durante décadas apartados de la vida social. Nada de eso se ha hecho, por el contrario bajo el latiguillo de la “unidad nacional” nos engañaron y volvieron a mezclar criminales con gente. 

La responsabilidad nunca puede caer sobre los de abajo, la responsabilidad hay que ponerla sobre los que gobernaron cuatro décadas. Sobre quienes ocuparon funciones en gobiernos nacionales y provinciales, en parlamentos, HCD, en los partidos políticos, quienes tuvieron la oportunidad de limpiar el cuerpo social y no lo hicieron. 

El Estado, que nunca desaparece, cada vez que cambia de máscara de dictadura a democracia transfiere a sus nuevos dirigentes los secretos de Estado. Cuando esos secretos son preservados en lugar de ser ventilados para acabar con la podredumbre tenemos como resultado un pacto de “demócratas” con genocidas, como sucedió en el tránsito de la dictadura de Videla, Viola, Galtieri a Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde, Kirchner.    

De allí que la pegatina de afiches de un sector del PJ que nunca hizo nada para esclarecer si la textil Campomar fue un centro clandestino es una verdadera canallada, que se cuelga de una reivindicación justa para ver como negocia con DDP una posible migaja. Así fue cuando se sumaron a DDP incluso aprobando sus políticas y luego rompieron para armar sus propias bancas, que defienden iguales intereses de especulación inmobiliaria y trabajo en negro que Darío. 

 “Los afichistas” fueron fundadores de Raíz Social con Karina, Darío y directivos de Desarrollo Social que en el distrito destruyeron mediante dádivas a varias organizaciones de desocupados para luego hambrearlos no entregándoles los alimentos comprometidos por actas, ah… y se dicen  progres. 

Con esa caterva no hay salida. Hay que establecer una política de independencia frente al Estado capitalista y sus defensores: los Videla, Díaz Pérez y los fundadores de Raíz Social, hoy referenciados en Cacho Álvarez, otro negrero célebre por haber disuelto una manifestación de obreros municipales a tiros.

La causa tiene hasta la próxima reunión de la Cámara de Apelaciones de La Plata 18/10/2012 la figura de “No innovar”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), dijo que existen testimonios de vecinos que señalan al predio como “Centro Clandestino”, lugar de fusilamiento y enterramiento.” Sandra Raggio, Directora de Promoción y transmisión de la CPM, señaló que son 6 vecinos los que deben dar testimonios, “cruciales para reconstruir la historia y saber realmente si existió otro centro clandestino durante la dictadura”(*)

“Desde 1984 comenzaron a escucharse en el barrio relatos de que el predio habría sido utilizado por las fuerzas represivas en el plan sistemático de exterminio. Esto nunca fue investigado por la Justicia. No se investigó nada. Aún cuando existe una docente de la EEMNº9 que denunció en la comisaría 3ra la existencia de ropas y hasta la aparición de un cráneo en el predio”, señaló Raggio. (*) La Tercera 20/10/2012.

Por los testimonios que recopiló la CPM, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata realizó el 12/10/2012 una inspección ocular fuera de Campomar, en la continuidad del Centro Clandestino para determinar si existen pruebas de delitos a los DDHH que deban ser preservados, ya que el Centro Clandestino (Campomar) está a punto de ser demolido por Electroingeniería.

El 12/10 estuvo el juez L. Schiffrin junto a testigos que vieron huesos humanos, ropa, picanas, precintos para maniatar detenidos, haciendo la misma denuncia que en 1984 frente al Diario La Voz. 

La semana culminó con una carta que Pérez Esquivel envió a la Cámara de Apelaciones “preocupado porque no se ha investigado el muy probable hecho de que en la ex fábrica Campomar haya funcionado un centro clandestino de detención”.