por Martín Medina*
Nací y me crié en una familia militar, soy hijo de un excelente suboficial mayor de la Fuerza Aérea Argentina, héroe de Malvinas y férreo defensor de los valores de las fuerzas armadas al servicio de la patria republicana y democrática.
Desde chico traté de comprender muchas cosas que le sucedían a mi padre y sus pares, no sólo en las fuerzas armadas sino de seguridad. Hoy ocupa la primera plana un conflicto salarial que para muchos es reciente pero nosotros sabemos que es de larga data. Es histórico y es el trabajo en negro. Desde la vuelta a la democracia los uniformados honestos,
responsables y correctos, sufrieron ataques de dos índoles: Moral y económica. La moral es producto de malas decisiones o cuestionables de superiores que quisieron ocupar erróneamente lugares que no le eran propios. La económica es la que hoy sale a la luz. Son los suplementos no remunerativos, esa gran parte del salario que distintas etapas de la vida democrática del 83 al 2012 han tratado de eliminar con mentirosos blanqueamientos que no buscaban la dignidad del profesional sino achicar salarios.
Debemos comprender que este legítimo reclamo no pone en riesgo las instituciones, que las fuerzas de seguridad y militar tienen derecho como trabajadores a reclamar lo que es justo. En otros tiempos acostumbraban a hacerlo en alzamientos, intentos golpistas y golpes al estado democrático. Pero la historia dejo su huella en las fuerzas y hoy lo hacen como lo hacen maestros, médicos y otros sectores laborales. Las fuerzas militares no poseen representación gremial, no tienen canales de negociación salarial y están sometidos a la voluntad gobernante. Pero indigna más aun la situación cuando dirigentes políticos reclaman a estos argentinos que tomen una postura cuando las reglas son poco claras: se rigen por legalidad civil para ciertas cosas y legalidad castrense para otras. Es cierto que no deben abandonar sus puestos, como tampoco entonces deberían hacerlo docentes, médicos, controladores aéreos, etcétera.
Quienes conocemos el pesar de estos ciudadanos, tenemos la obligación de explicar que sucede, y sobre todo transmitirle a la sociedad que la democracia no está en peligro, que el reclamo es justo y que no se debe temer.
Las fuerzas de seguridad y armadas deben ir en camino a poseer una representación profesional. Deben poder discutir sus aumentos salariales, eso es buscar una verdadera democracia, una república de iguales.
Ojalá dios ilumine a los gobernantes y puedan comprender el reclamo; ojalá dios ilumine a esos hombres y mujeres fieles defensores de los intereses de la patria, para que no confundan su reclamo legitimo con ideas extrañas que seguro algún vivillo quiere instalar, en vez de dar una pronta respuesta.
(*) Dirigente Pro Lanús
