por Marta Santos
Los vecinos que reclaman por más seguridad y deseen participar en su implementación y control deben estar atentos y comunicados con sus instituciones barriales para hacer seguimiento de la citación a la conformación de los foros. Ahora la ordenanza establece en el distrito la obligatoriedad de hacer las cosas conformes a la ley. Pero también es cierto que las movidas por más seguridad se dieron en medio de delitos que se llevaron vidas y que los vecinos reaccionaron a ellos.Sin embargo, hay barrios en los que muchos residentes no muestran interés por participar,
entendiendo que pagan sus impuestos y es el Estado el que debe ocuparse de la protección de vidas y bienes. No es contradictorio el reclamo desde la comodidad del hogar para quienes creen que el Estado está integrado los funcionarios que eligieron a través del voto, en forma directa o indirecta. Es propio recordar en este punto que los del ejecutivo los elige el intendente y no el ciudadano y que los miembros del poder judicial tampoco son electos por el voto popular. Pero cuando se elige un modelo o proyecto político, sea cual fuere, se le da carta blanca al titular del ejecutivo para que forme su equipo de gobierno según su saber y entender o sus compromisos y conveniencia.
Los foros, en el distrito de Lanús, “han recorrido un largo camino, muchachos”. Desde peleas dentro de las instituciones convocadas para decidir quién los integraba hasta discusiones con el ejecutivo porque no fueron invitados, desde instituciones preocupadas hasta otras casi desconocidas en su accionar a favor de los ciudadanos, desde integrantes preocupados porque se manejasen se acuerdo a lo establecido por la ley hasta otros aplaudidores que aceptaron cualquier decisión que llegase desde el municipio y los que usufructuaron ese lugar para tener “una chapa” que mostrar, el resultado de sus acciones no fue positivo en general. Eso ha hecho que el descrédito de estos organismos -de algún modo hay que llamarlos- haya trascendido más allá de lo que quisieran las autoridades. Cierto es -y es justo reconocerlo- que algunos de sus integrantes mostraron una preocupación que va más allá del sentido del deber y discutieron y pelearon con uñas y dientes por obtener un poquito más de seguridad. Pero quedaron solos: muchos desertaron ante los oídos sordos de las autoridades, destino final de varios “espacios participativos” a los que convocó este gobierno y se fueron desgranando con el tiempo y la inercia de los funcionarios, que no aceptan nada que no provenga del modelo nacional, aunque haya propuestas ricas en contenido y auspiciosas en pronósticos de resultados.
Ahora hay una segunda oportunidad y el vecino tiene que hacer valer sus derechos porque participar no siempre es perder el tiempo y el esfuerzo. Ahora cada institución puede y debe convocar a los que están preocupados por el aumento del delito, que también pueden solicitar cambios en las leyes nacionales y provinciales, no sólo en el orden local. Porque los problemas de fondo se solucionan con medidas de fondo, no sólo paliativas de lo que sucede en el momento. Si se entiende que el Estado somos todos, aunque algunos tienen más responsabilidades -y si no las cumplen está la aplicación de la ley para hacer justicia- junto con las marchas hay que exigir que los vecinos tengan un rol protagónico en las decisiones.
Están las herramientas: no las desperdiciemos. Y pidamos cuentas.