jueves, 30 de agosto de 2012
“No hay libertad ni justicia social sin seguridad”
Para la troglodita izquierda argentina, y para el extraterrestre nacionalpopulismo de los “vatayones militantes”, que creen que seguridad es sinónimo de las derechas, vaya esta reflexión: “No hay libertad ni justicia social sin seguridad”. Pertenece nada menos que a Martine Aubry (foto) secretaria general del Partido Socialista francés, e intendenta de Lille, y lo decía en un documento que retoma principios y conceptos de la política de “tolerancia cero”.
Imagínese qué debe pensar Aubry de Gabriel Sandoval, que en el deliberativo, cuando se pedían más policías, dijo que para qué los queríamos, “¿apara que le metan un balazo en la cabeza a los pibes?”. Y Sandoval no es un delegado de los pibes chorros, sino un concejal oficialista de La Cámpora, que cobra $12.000 por mes de los vecinos que claman por seguridad.
Ante cualquier foro, la socialista Aubrey expone el Pacto nacional de Protección y Seguridad Pública que propone
su fuerza y que ya aplican parcialmente los intendentes socialistas en las comunas que gobiernan. La dirigente socialista dice que la seguridad es la base del pacto republicano y por eso su partido propone y desarrolla “una política que concilie el corto plazo -el de la reacción, la represión y la sanción- y el largo plazo -el de la anticipación, la prevención y la disuasión”.
También afirma que uno de los grandes males en materia de inseguridad es la reincidencia a la cual vincula con la poca eficiencia del castigo. Por eso, dice, “cada acto de incivilidad o de delincuencia debe dar lugar a una sanción rápida y proporcionada”.
Aubry, critica la reducción de efectivos policiales y la degradación de sus condiciones de trabajo. Escuelas, transportes públicos y barrios difíciles estarán en el corazón de una estrategia de la cual los intendentes serán actores centrales. ”Para nosotros, el derecho a la seguridad es una exigencia absoluta”, dice.
Algunos pensamientos de Aubrey tal vez ayuden a perforar algunos cerebros encallecidos:
“No puede haber justicia verdadera sin derecho a la seguridad”.
“La política de seguridad llevada adelante por Nicolas Sarkozy desde hace diez años es un fiasco. Esta constatación no puede satisfacer a ningún republicano. Debemos mirar la situación con lucidez: si bien nada justifica nunca la violencia, hay que constatar que la sociedad en la cual vivimos es en sí misma portadora de violencia. La competencia de todos contra todos, las discriminaciones rampantes, la “guetízación”, el culto de la apariencia y del dinero, pero también las mutaciones familiares, las dificultades de la escuela son otras tantas realidades que erosionan los fundamentos de nuestro contrato social y el debido respeto a los demás. Esta situación alimenta los fermentos de violencia”.
“A falta de un proyecto que aspire a reunir a los franceses en torno a los valores de justicia, laicidad, respeto, pero también de autoridad, nuestro país está inmerso en una fuga hacia adelante, enceguecido y angustiado”.
“A nivel nacional, la izquierda es frecuentemente caricaturizada en este tema aún cuando las principales innovaciones de estos últimos años en materia de seguridad fueron desarrolladas por nosotros: prevención, políticas comunitarias, asistencia a las víctimas, contratos locales de seguridad, adjuntos para la seguridad, policía de proximidad”.
“Hoy, no aceptamos que la resignación gane los espíritus, como si la inseguridad se hubiese convertido en una fatalidad”.
“Ya es tiempo de tener una visión global de la protección de los franceses y de los medios para garantizar su seguridad. Ese es el sentido del Pacto nacional de protección y de seguridad pública que proponemos. Una política que concilie el corto plazo -el de la reacción, la represión y la sanción- y el largo plazo -el de la anticipación, la prevención y la disuasión”.
“Queremos construir una sociedad que cree seguridad. Esto quiere decir una política que contribuya a luchar contra el fracaso escolar y lleve a cada niño hacia la excelencia, una política que luche contra la segregación, la relegación y las discriminaciones, una política que vuelva a pensar la ciudad para hacer de ella un lugar acogedor. Quiere decir también recrear la confianza, confianza entre la policía y la población, entre la policía y la justicia... Por último, quiere decir pedir respeto, respeto a la ley, a la autoridad, a las instituciones, pero también respeto a cada habitante”.
“Hacer retroceder la inseguridad, es abrir todas los caminos concurrentes a este objetivo. Y primero devolver a la policía nacional y a la justicia los medios para cumplir sus misiones. Todos somos testigos de la reducción de la presencia policial en el terreno y la degradación de sus condiciones de trabajo. El número total de gendarmes será llevado a 100.000 y el de la policía nacional a 105.000”.
“Porque no debe haber zonas sin ley, definiremos con los intendentes cuáles son las zonas prioritarias en materia de seguridad y hacia ellas movilizaremos, a largo plazo, los servicios de represión y de información afectados a la lucha contra la economía subterránea, la violencia urbana y las agresiones contra las personas”.
“El entorno de los establecimientos escolares y de los transportes públicos estará en el centro de las misiones de vigilancia de la policía barrial. Esos equipos policiales recibirán una formación específica y medidas que los valoricen en materia de carrera y remuneración.
“Tenemos un principio fuerte: cada acto de incivilidad o de delincuencia debe dar lugar a una sanción rápida y proporcionada. La tasa anormalmente elevada de reincidencia en nuestro país se vincula ampliamente con las fallas de la respuesta penal. No es infrecuente que ésta sea pronunciada meses después del acto, reforzando la sensación, tanto en el autor de la infracción como en la víctima, de una impotencia de los poderes públicos. La efectividad, la proximidad y la rapidez de la sanción deben estar por lo tanto garantizadas”.
“Por otra parte, todo gran asentamiento urbano contará con la construcción de un centro de disciplina y reinserción destinado a los jóvenes delincuentes reincidentes. La formación será allí estrictamente obligatoria y a la salida de esos centros habrá un riguroso seguimiento educativo y social. Esta política global deberá ser coordinada con lo más cercano al terreno. Los intendentes son quienes están en mejor posición para actuar a proximidad”.
“Esta nueva política para la seguridad de los franceses está en el centro del proyecto socialista, porque la seguridad está ni más ni menos en los fundamentos mismo del pacto republicano: no hay libertad ni justicia social sin seguridad. Para nosotros, el derecho a la seguridad es una exigencia absoluta. En todas partes y para todos”.