sábado, 25 de agosto de 2012

Mariano Ferreyra: jornadas clave en el juicio


 El testimonio de Lisandro Martinez, del Partido Obrero de Lanús y habitual columnista de La Defensa, fue clave durante el juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra. 
A continuación la publicación completa que hace  Semanario ferroviario Nº3 del Juicio “Justicia x Mariano - Perpetua a Pedraza”, edición Talleres de Escalada, en su versión del juicio: 

"Día 6: Jornada clave 21/8/2012
Se reanudaron las audiencias tras el feriado del lunes 20. Estaba previsto el testimonio de cuatro compañeros de Mariano Ferreyra que estuvieron presentes en la movilización de tercerizados ferroviarios del 20 de octubre de 2010. Alcanzaron a declarar tres de
ellos: Lisandro Martínez, Eduardo ‘Chiquito’ Belliboni y Gustavo Mendieta.

En su testimonio, Belliboni señaló que reconoció cuando se difundieron sus imágenes a Cristian Favale como a uno de los tiradores.

Previo a los testimonios, nuestra abogada Claudia Ferrero, puso en conocimiento del tribunal las intimidaciones sufridas por Jorge Hospital, uno de los testigos de la causa. Hospital, militante de la agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra encabeza la oposición a Pedraza en el ferrocarril Roca. Hace algunas semanas fue sancionado arbitrariamente por la patronal (UGOFE) con 29 días de suspensión. El testimonio de Hospital es muy importante para describir el régimen de terror que impuso la Lista Verde de Pedraza en el sindicato y en todo el ferrocarril, su participación en el negocio de la tercerización y su completa connivencia con la patronal –el 20 de octubre de 2010, la oficina de Recursos Humanos de Ugofe autorizó a pedido de la burocracia pedracista la salida de unos 80 trabajadores de los talleres de Remedios de Escalada para engrosar la patota criminal.

“Tiraron a matar para defender un negocio”
El primero en declarar fue Lisandro Martínez, dirigente del Partido Obrero en la zona sur del GBA. Lisandro explicó que el conflicto con los tercerizados viene desde 2002 reclamando el pase a planta y que la UF y La Fraternidad no solo no los defendieron sino que  hicieron huelgas generales para que no pasaran a la planta efectiva: “los reclamos estaban originados en el despido de 117 trabajadores contratados y efectivos, que denunciaban la diferenciación salarial entre un trabajador de planta y un tercerizado, reclamaban equiparación y pase a planta. 

También denunció que quienes reciben el dinero del Estado para el pago de salarios de los tercerizados, retienen parte del dinero que va directamente al bolsillo de empresarios, de sindicatos y de secretarios y ministros de Estado. Lisandro dijo: “En una de las Asambleas recibimos la denuncia de uno de los gerentes de UGOFE que señaló que la empresa pagaba a los jerárquicos el 30% de lo que recibía del Estado para sueldos”.

“Se estaba violando una ley que todos conocemos: a igual tarea igual salario”, sintetizó Lisandro. Señaló que en julio de 2010, un corte de vías a la altura de Avellaneda de 8 horas obligó a reunirse y que 23 audiencias en el Ministerio de Trabajo y en la Secretaría de Transporte significaron solo burlas de Antonio Luna y apenas 11 reincorporaciones. Los tercerizados resolvieron volver a cortar las vías el 20/10/2010. 

Luego realizó una pormenorizada descripción de los hechos.

Señaló que temprano un compañero de los Talleres de Escala le informó que habían seleccionado una cantidad de empleados de ese lugar y los habían enviado por orden de UGOFE a Avellaneda. 

Mencionó que al comenzar la marcha desde el local del Partido Obrero de Avellaneda, observó a 3 personas que recorrían la columna de manera provocativa. Uno de ellos fue señalado por  tercerizados y efectivos despedidos como hijo del subsecretario de Transporte Ferroviario, Antonio Luna. Lisandro destacó que, en al menos 3 oportunidades –antes y después de la embestida en la que fue asesinado Mariano-, le reclamó a la policía por su connivencia con la patota agresora arriba de las vías y luego sobre las calles de Barracas. Lisandro declaró que, al momento del ataque, patrulleros de la Policía Federal apostados a metros de la esquina de las calles Bosch y Luján (exactamente al pie del terraplén, el lugar donde se agruparía la patota con Favale y los demás barrabravas contratados para la ocasión) desaparecieron de la escena, y sólo reaparecerían para cubrir la retirada de los atacantes. 

“La patota en ningún momento se propuso traspasar el cordón que habíamos formado. Tiraron y huyeron. Tiraron a matar porque defendían un negocio con los subsidios”, declaró. 

Lisandro declaró durante tres horas. Las defensas apenas ensayaron alguna chicana sin ningún resultado. Entre las provocaciones, uno de los abogados de Pedraza y Fernández señaló si Lisandro no sabía que los tercerizados no eran ferroviarios. Cuando se le respondió que la propia Presidenta había considerado que los tercerizados eran todos ferroviarios y que debían pasar a revistar en la planta permanente el auditorio estalló en una sonora carcajada, ridiculizando a la defensa de los asesinos.

“Vi a Favale tirar”
 Cuando se reanudó la audiencia con el testimonio de Eduardo “Chiquito” Belliboni, éste relató nuevamente el recorrido de la manifestación y se explayó en particular sobre el ataque de la patota: “hicimos un cordón de protección para que la columna pudiera retirarse. Este grupo que venía a la carrera, cuando estuvo a unos 15 o 20 metros nos empezaron a tirar piedras, botellas, palos y nosotros les devolvimos todo lo que nos arrojaban. En ese momento escucho a Nelson Aguirre que me dice ´están tirando con plomos´. Me di vuelta y lo vi a Nelson con el pantalón ensangrentado. Entonces vi a una persona de remera celeste o gris que disparaba agazapado, con las rodillas flexionadas en el medio de la calle, apuntando al cuerpo. Cuando la jueza Wilma López me preguntó si lo reconocía le dije que no, pero después de verlo en los medios, vi que esa persona era Cristian Favale”. Belliboni, igual que Lisandro Martínez, describió la actuación policial como “funcional a la patota”. Incluso Eduardo señaló que durante la jornada del 20 de octubre por lo menos tres veces habló con policías para evitar las agresiones. 

El último en declarar fue Gustavo Mendieta, quién era abogado de los  tercerizados y en ese carácter participó de la movilización del 20/10/2010. Mendieta tuvo el valor de poner de manifiesto las permanentes dilaciones que la empresa UGOFE y el Ministerio de Trabajo realizaban para evitar satisfacer el justo reclamo de los trabajadores. Al ser consultado sobre cuál había sido la posición de la UF sobre el reclamo, afirmó que funcionarios del Ministerio de Trabajo le dijeron que tanto la UF como La Fraternidad se oponían que tercerizados y despedidos fueran reincorporados y que pasaran a la planta permanente del ferrocarril.

Ante la denuncia de Mendieta, algunos abogados defensores llegaron al absurdo de pedir su procesamiento por “falso testimonio” y su inmediata detención, queriendo colocar a las víctimas en el banquillo de los acusados. La fiscalía y las querellas rechazaron de plano los dos pedidos y el Tribunal desestimó el pedido de detención, dejando para el momento de la sentencia pronunciarse sobre el pedido de las defensas.

“No hubo enfrentamiento
sino un ataque de la patota de UF a los tercerizados” 
El 23/8 declararon 4 testigos. Federico Lugo, explicó que cuando la patota bajó de las vías, ya en jurisdicción de la capital, ellos organizaron un cordón para proteger a la gente más débil. “El cordón es atacado y nosotros devolvemos algunos piedrazos”, señaló.

Vio, “en el medio de la calle (…) a una persona con un arma de fuego, que nos estaba apuntando”. Enseguida observó que Nelson Aguirre, uno de los heridos, se tomaba la pierna mientras gritaba: “Son balas de plomo”. 

Antes de la declaración de Lugo, en otro recurso desesperado, el abogado Oscar Igounet, experto defensor de criminales y represores, y  representante de Guillermo Uño, pidió otra vez la suspensión del juicio porque el tribunal se niega a considerar que en Barracas hubo una “riña”, lo cual, según él, viola los “derechos constitucionales” de los procesados. El tribunal, por supuesto, se negó a hacer semejante cosa, aunque postergó hasta el lunes una definición sobre la nueva chicana de Igounet.

Emiliano Bonfiglio dijo “Vi a un hombre que disparaba, tenía las piernas semidobladas y el brazo estirado con una arma, en la pose de disparar hacia nosotros. Estaba de civil y creo recordar que estaba con una ropa oscura”. 

“Cuando cruzamos Perdriel, a la mitad de la calle, escuchamos gritos del fondo de la columna. Me di vuelta y alcance a ver que la patota había bajado, venían corriendo. Ocupaban toda la calle. Armamos un cordón de seguridad para permitir que los compañeros que se estaban yendo no pudieran ser atacados. Yo retrocedo un poco y veo a Mariano tirado en el piso. Estaba como desmayado, un compañero se acerca a asistirlo. Le da una convulsión. En ese momento no sabía si era por los nervios, por miedo”.

Miguel Espeche declaró: uno de los tiradores era “un hombre alto, en camisa o remera blanca, posición de tiro con el brazo extendido, apuntando hacia nosotros”. Describió el accionar policial, acusándolos de “hacer un embudo” en el que dejaron a manifestantes y tercerizados a expensas de los agresores, que los apedrearon y los balearon. Todos los testigos, a su vez, recordaron que los patrulleros venían siguiéndolos de cerca previo al ataque, desaparecieron durante el mismo y regresaron cuando la patota huía, para impedir que los agredidos pudieran perseguirlos.

Resultó conmovedor el testimonio de Arnaldo Esteban Duré Duarte, amigo de Mariano, quien se quebró en medio de su declaración porque, según dijo, podría haber hecho más para salvar la vida de Ferreyra. Por último, destacó la forma en que se produjo la movilización previa al ataque. Allí, describió, los manifestantes cantaban por la reincorporación y la respuesta eran “cosas muy agresivas como los vamos a matar, negros de mierda, piqueteros”. La respuesta fue unánime. “Unidad de los trabajadores”, cantaron.

Conclusión de la semana
Los criminales necesitan anular el juicio o alargarlo a la espera de un salvataje político, producto de sus acuerdos con el gobierno para la constitución de la CGT Balcarce, con Gerardo “601” Martínez y el resto de los “gordos”.

Organicemos comités de repudio para que la burocracia no vuelva a los lugares de trabajo, se haga justicia x Mariano y la pena para los responsables sea cárcel perpetua".