Es por una denuncia periodística que asegura que favoreció a empresas de familiares para la realización de los trabajos de saneamiento
desalojo de puestos de la Salada, uno de los trabajos realizados para sanear el Riachuelo. (foto).
“La Corte Suprema de Justicia le dio cinco días al juez federal de Quilmes Luis Antonio Armella para que explique qué
hay de cierto en la denuncia que asegura que un grupo de empresas vinculadas con el propio magistrado obtuvieron contratos millonarios sin licitación dentro del plan integral de saneamiento ambiental del Riachuelo, que Armella debe supervisar”, dice la denuncia publicada hoy por el diario Página/12, y firmada por Horacio Verbitsky. Y prosigue: “Documentos de la Autoridad de la Cuenca Riachuelo-Matanza (Acumar) muestran un modus operandi que se reitera: el juez intima a la Autoridad de la Cuenca bajo apercibimiento de graves sanciones a realizar diversos proyectos en plazos perentorios. Invocando estas resoluciones, la Acumar elude la licitación y las obras son realizadas por las empresas próximas al juez que las ordena”.
Siempre según la Página/12, “una reconstrucción incompleta indica que las obras ya emprendidas o a realizar por ese grupo de empresas ascienden a 250 millones de pesos. Los precios que cotizan y que la Acumar acepta hasta duplican los de mercado. Lo que se acelera con las intimaciones es la firma de los contratos, no el avance de las obras encomendadas”.
La Corte pidió además la realización de un auditoría sobre lo actuado por el juez, que será realizada por Leandro Despouy, titular de la Auditoría General de la Nación.
