Dice el texto completo de este trabajo:
“El reciente asesinato de Juan González, jubilado de 75 años, el pasado martes 21 en la zona de Valentín Alsina (foto) vuelve a colocar de relieve el problema de la inseguridad en el distrito de Lanús. Este hecho se suma a otros de características similares que vienen sucediendo en el distrito en el último tiempo.
“Ante esta ola de delitos la reacción del ejecutivo municipal ha sido tomar medidas tendientes a reforzar el
aparato de “seguridad” del distrito. No solo saludó el traslado de la dotación de gendarmes que ahora vigilan los barrios más carenciados (cuestión que nos lo recuerda el enorme cartel montado en la estación Lanús), sino que también ha incorporado todas las medidas de seguridad que recomiendan sus contendientes políticos por derecha: la colocación de cámaras y el establecimiento de un centro de monitoreo de la inseguridad; el despilfarro de dinero en la contratación de un helicóptero que sobrevuela las calles del distrito una hora por día; la instalación de patrullas de “Protección Ciudadana” a costas de un nuevo impuesto al bolsillo de los trabajadores, cuya tarea en el mejor de los casos es exhibir públicamente los nuevos patrulleros (como los que posan en medio de la estación Lanús).
“En la reunión que compartieron Scioli, Casal y Darío acordaron el traslado de 10 nuevos patrulleros y 100 efectivos más para dotar las comisarías de Lanús, en lo que es la continuidad de un reforzamiento del aparato represivo del estado que hasta el momento parece no dar resultados ante el problema del delito.
“Lo que se expresa de fondo es el fracaso de una política de reforzamiento de la policía bonaerense y su complementación con nuevos efectivos municipales.
“El origen de esta ola de crímenes se encuentra en la descomposición de las fuerzas de “seguridad”, que no solo se encuentran integradas a las redes de delincuencia, sino que son las que operan la administración de una estructura ilegal capaz de encauzar el negocio fabuloso que va desde los delitos menores hasta el tráfico de estupefacientes.
“El delito se produce como cualquier otra mercancía. En este caso reclutando a los ejecutores directos a quienes se les facilitan los medios necesarios (armas, móviles, zonas liberadas, etc.) para producir un delito que luego deberá atravesar los siguientes tramos de un proceso más complejo (desarmaderos, cocinas de estupefacientes, puntos de venta y otros), hasta lograr el rédito económico buscado. Todo esto sería imposible sin la connivencia y participación tanto policial como del poder político en un negocio que mueve millones de pesos que se distribuyen entre comisarios, jueces, funcionarios y demás intermediarios.
“Que las fuerzas policiales están al servicio de los negocios y el poder político se ha mostrado patente en la causa que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra. En esta oportunidad la policía federal y bonaerense colaboraron activamente con la patota asesina de José Pedraza, no solo facilitando el ataque fatal de este grupo de choque, sino garantizando la impunidad de los responsables a través de la eliminación de pruebas.
“Los responsables materiales del asesinato de Juan Gonzales deben cumplir su condena en prisión. Pero para que esto cambie de una vez por todas hay que apuntar a los responsables intelectuales.
“Por la destitución de las cúpulas policiales, la conformación de una fuerza de seguridad ciudadana bajo control de organismos sociales y de DDHH, y el control ciudadano de los libros de guardia y partes diarios de las comisarías”.