Por Marta Santos
En un intento de calmar las aguas, agitadas ante el anuncio del pedido de expropiación de la empresa Unilan Trelew para abrir la avenida Rodríguez desde Deheza y la instalación de una planta de transferencia de residuos, el ejecutivo municipal presentó un expediente en el HCD que indica cómo será el “ecopunto” anunciado.Esta contradicción en el párrafo anterior no obedece a una errónea interpretación de una periodista, sino a la existente entre el proyecto de ley que presentó Karina Nazábal en la legislatura provincial y el que acaba de enviar el intendente al deliberativo local. El primero logró que los vecinos del barrio afectado por las obras futuras tuvieran una
reacción inmediata: “No queremos un basural institucionalizado”, reclaman a voces. El segundo -con el que el jefe de la administración local pretendería calmar las aguas- realmente redobla la apuesta: “Lo vamos a hacer así”, dice. Y algunos vecinos hacen otra lectura: “lo que realmente nos están diciendo es que no importa lo que pensemos, él sigue adelante”.
Lo que sucede es que en este caso el oficialismo agarró al pescado por la cola. En lugar de hacer reuniones previas con los vecinos en las que Nazábal explicase la necesidad y obligatoriedad que marcan recientes leyes sobre la instalación del ecopunto en todos los municipios para intentar resolver el problema de la basura -prioritario para todos- e intentase conseguir la aprobación de los residentes o, al menos, propuestas alternativas, el proyecto les “explotó” en la cara a través de los medios. La sorpresa del primer momento se convirtió en enojo cuando, según cuentan, lograron una entrevista con Juan Carlos Viscelino, secretario de Gobierno, en la que les había expresado que “si vienen por la planta, les digo que se hace o se hace”, evidenciando que la opinión del barrio no es digna de tenerse en cuenta.
Los que se consideran perjudicados -que vienen clamando desde hace muchos años por el saneamiento del “parque industrial”, sus olores y volcados- se movieron rápidamente, buscando la colaboración de ediles no oficialistas, que lograron contacto para sus presentaciones. Hicieron notas y petitorios y siguen tocando todos los timbres posibles. Los concejales del FV Jorge Montero y Carlos Barbagallo se reúnen con quienes encabezan la movida para explicarles la necesidad del ecopunto en la zona. El oficialismo confía en convencerlos.
Los vecinos desconfían de la manera en que se concretan los proyectos. Se agruparon con los dirigentes de “El Campito”, una junta vecinal de la zona. Critican la gestión. Pidieron asistir a la comisión de Salud y Medio Ambiente en el HCD en la que se discutiría el expediente que presentaron negándose al emprendimiento. El viernes se hace una reunión de esta comisión con la de Obras Públicas para ver el otro expediente, que presentó el intendente. La semana próxima se presume que los vecinos serían invitados al HCD para exponer sus objeciones.
Mientras tanto se han convocado a concurrir a la puerta del municipio el viernes 3 a las 19:00. Quieren hablar con el intendente.
Pero además hay un proyecto de Nazábal, presentado el año pasado en la legislatura -actualmente en la comisión de Medio Ambiente de Diputados- por el cual se establece que quienes trabajarían en estas plantas serían las cooperativas de recicladores urbanos recolectando, separando y recuperando el material reutilizable o a procesar en la planta. Es parte de la misión del ecopunto: incluir a estos recolectores en el trabajo formal, con todos sus beneficios, controlados por el estado nacional a través de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
Estos convenios que firmarían estas cooperativas con el estado indicarían que este trabajo formal sería pagado con partidas de Nación: estas partidas las administraría cada cooperativa. El proyecto crea dependencias y nuevos cargos jerárquicos en los municipios para arbitrar medidas, dar preparación a los recicladores y coordinar las tareas que realizarán. La provincia hace las obras y se ocupa de las instalaciones y maquinarias. La nación envía el dinero para pagarle a las cooperativas. El municipio coordina y capacita.
El proyecto va en línea con la nueva visión sobre la basura y su tratamiento y se ajusta a las últimas normativas. El problema es su implementación en el municipio de Lanús. Como ejemplo sólo hay que recordar las innumerables denuncias sobre el manejo de las partidas de dinero que reciben las cooperativas Argentina Trabaja, cuyo funcionamiento es ideal visto en el papel pero dista mucho de serlo en manos de los punteros políticos que las manejan.