Por Lisandro Martinez*
lisandromartinez47@yahoo.com.ar
El 6 de agosto se inicia el juicio oral y público por la emboscada de Barracas, orquestada por Ministros, Secretarios de Estado, funcionarios gubernamentales, concesionarios del ferrocarril Roca, la Comisión Directiva de la Unión Ferroviaria, la policía federal y bonaerense y la patota que atacó con armas de guerra a la movilización y asesinó a Mariano Ferreyra, dejó discapacitada a Elsa Rodríguez e hirió a Ariel Pintos y a Nelson Aguirre.
Detalles, declaraciones, confesiones y
pruebas que obran en mano de la justicia y que se compilaron en el libro “Mariano Ferreyra un crimen de Estado contra la clase obrera” dan certeza de que efectivamente fue un crimen de Estado contra los trabajadores que reclamaban contra la precarización laboral, la tercerización y para que se cumpliera la centenaria consigna obrera incluida por la lucha en la Constitución Nacional, artículo 14 bis “igual trabajo igual salario” y en el art. 81 de la ley vigente de Contrato de Trabajo.
Lo paradójico es que la Corte
Suprema de Justicia, el Ministerio de Trabajo y el PEN no hacen cumplir esas leyes,
dejando indefenso al 40% de los trabajadores que tanto en empleos privados como
en municipios y reparticiones estatales, en docentes y en hospitales se les
abona el 50% de los salarios en negro. Que esta anomalía continúe vigente en el
siglo XXI desnuda que el crecimiento a tasas chinas (2003/2011) estuvo apoyado
en la violación de leyes vigentes y en la más furiosa de las explotaciones del
trabajo humano.
La movilización popular que ganó
las calles incansablemente por Mariano es una prueba de fuerza, una pulseada
permanente contra los capitalistas y su Estado, quienes maniobran para que el
asesinato no sea juzgado como un crimen político sino como un crimen común.
Desde el primer minuto el
Gobierno eligió defender sus pactos y acuerdos con Pedraza y todo el arco de la
Burocracia Sindical, esa política de reforzamiento de “gordos y flacos” es en
definitiva el control social que se impone a las luchas obreras para que no
desborden y sean un canal en la defensa de los intereses obreros.
En el banquillo de los acusados
no estarán (por ahora) los responsables ideológicos (ministros, secretarios de
Estado y altos funcionarios), no estarán los jefes policiales que monitorearon
desde el Departamento Central de Policía en vivo y en directo la emboscada para
asegurar su éxito; tampoco estarán los responsables de UGOFE (Roggio, Romero y
Cirigliano) que contribuyeron con la presencia de sus Gerentes en Barracas,
sistemas de comunicación y gente para que la emboscada fuera ejemplificadora.
La burocracia sindical asesina ha
seguido el protocolo de los “bogas sacapresos” ligados al lumpenaje y la
delincuencia: 1) pusieron defensores a Favale, Sánchez y Uño imputados como los
que accionaron las armas de guerra contra la movilización. 2) La camarilla que
dirige la UF sostiene con dinero del sindicato a las familias de los reos para
que nadie “cante”. 3) Juan Araya abogado de la UF, al conocer el inminente allanamiento
limpió de pruebas comprometedoras el Sindicato (escuchas telefónicas
judiciales). 4) Araya armó la vaquita de u$s 50.000 para coimear a jueces para
que liberen a Pedraza. 5) Por el dinero recurrió a Isabel Coria, esposa de
Pedraza, quien todavía dirige la empresa del Belgrano Cargas y de esa caja
salió. 6) En los peritajes la UF metió a un perito trucho (Roberto Locles) que
trató de destruir la bala asesina.
La infinidad de chicanas
“tumberas” no resultaron por la firmeza de la movilización popular. Ahora
Pedraza apretó a la Presidenta de la Nación reclamándole por medio de una
solicitada que ella garantice “que prevalezca la verdad” y advierte “que el
gobierno no está propiciando (como pretenden algunos) la condena a nuestros
compañeros encarcelados”.
Coimas, aprietes, testigos
falsos, destrucción de pruebas y ahora un pacto directo con la más alta
autoridad del Estado para armar una CGT (¿más dócil que la de Moyano?), sacan a
la luz que la contraprestación que busca la UF es que Pedraza, Fernández y la
patota no vayan presos. Si se sigue este derrotero el Estado no será ajeno al
juego de entorpecimiento para que no se haga Justicia x Mariano.
La campaña popular es inmensa y cubre
desde Ushuaia a La Quica. Obtener la Justicia
x Mariano es terminar con patotas en los gremios y abrir una vía democrática de
selección de direcciones, que den una salida independiente de las patronales a
los trabajadores. Ya hay miles de pintadas pidiendo Justicia, vamos por que se
pronuncien deportistas, sectores de la cultura, Sindicatos, Comisiones
Internas, Cuerpos de delegados, periodistas, trabajadores, vecinos, etc. La
lucha política que estamos librando ya ha dado resultados concretos. Nadie debe
dejar de pronunciarse.
Luego del asesinato algunos
Concejos Deliberantes no emitieron opinión a favor de enjuiciar a los
responsables. Ahora hemos quebrado el “Yo no me meto” e incluso en Lanús se han
pronunciado la mayoría de los Concejales por lo que vamos por una resolución o
declaración en favor de Justicia x Mariano, que es el clamor que camina en todo
el país. En Santa Cruz está en marcha una Campaña de 3000 personas
fotografiadas con el cartel “Yo quiero justicia por Mariano”.
Sin embargo los pedrazistas de La
Cámpora, la JP, UGOFE y algunos intendentes
quieren embarrar la cancha en defensa de la burocracia sindical. La Cámpora se
fotografió en Rivadavia y Pasco de la CABA tapando un reclamo de Justicia x
Mariano, la JP en Lanús enchastró el local del PO. En Presidente Perón (Guernica) el municipio
blanqueó una veintena de pintadas. La policía organizada por UGOFE está
actuando contra quienes van a pintar en los paredones del Ferrocarril Roca,
todas estas movidas retrógradas chocan contra una causa popular que crece sin
parar.
La campaña “Justicia x Mariano”
es una escuela política que va separando la paja del trigo, la movilización es
un frente único de organizaciones y luchadores populares, cuyo avance se torna
imparable.
Pronunciémonos por
“Yo quiero Justicia x Mariano” a Facebook:
marianoferreyrauncrimendeestado
