En la provincia de Buenos Aires la
inseguridad dejó de ser una estadística para transformarse en una experiencia
cotidiana. Robos, entraderas, homicidios y violencia urbana forman parte del
paisaje diario de millones de bonaerenses que sienten, cada vez con mayor
claridad, que el estado se ha retirado de su función esencial: garantizar la
seguridad de los ciudadanos. En ese contexto, la gestión del actual ministro de
Seguridad provincial, Javier Alonso, aparece marcada por una preocupante
ausencia de conducción real. La seguridad pública, lejos de estructurarse como
una política integral del estado, parece haberse reducido a una sucesión de
anuncios, operativos esporádicos y estrategias comunicacionales que buscan
instalar una sensación de gestión que la realidad se encarga de desmentir todos
los días. El problema ya ni siquiera
distingue colores políticos. La inseguridad golpea con la misma crudeza en
municipios gobernados por la oposición y también en aquellos administrados por
intendentes del propio oficialismo provincial. Esto revela una verdad incómoda:
la crisis no responde a disputas partidarias locales, sino a la falta de una política
de seguridad seria, coordinada y sostenida desde el ministerio que debería
conducirla.
Hoy la provincia funciona como un archipiélago de municipios que intentan resolver el
Es así que el proyecto establece: “Artículo 1°.- La presente ordenanza establece la reducción progresiva y gradual de las alícuotas y montos fijados en la Ordenanza N° 13.772, derogando los artículos N°4 y N°5 de la ordenanza mencionada, correspondientes a la Tasa por Mantenimiento de la Red Vial Municipal, hasta alcanzar la alícuota de cero por ciento (0%) y
